Relación con el crimen organizado

Senadora morenista bajo investigación en Estados Unidos por presunto huachicol fiscal

La senadora tamaulipeca Olga Patricia Sosa Ruiz se encuentra bajo el escrutinio de las autoridades estadounidenses por su presunta participación en una red de financiamiento político con recursos ilícitos provenientes del huachicol fiscal. De acuerdo con un reportaje de NBC News y documentos diplomáticos filtrados, el caso de Sosa Ruiz ha sido utilizado por el gobierno de Estados Unidos como ejemplo de corrupción política de alto nivel, e incluso como justificación para un intento de intervención directa en México bajo el argumento de combatir el narcoterrorismo y el lavado de dinero.

Según una alerta enviada hasta Palacio Nacional por la Secretaría de Estado estadounidense, encabezada por Marco Rubio, Sosa Ruiz figura en una lista negra de políticos mexicanos investigados por presuntamente financiar campañas y sobornos con dinero proveniente del huachicol fiscal. La hipótesis central sostiene que la senadora aprendió y replicó este modelo criminal del empresario asesinado Sergio Carmona, conocido como “El Rey del Huachicol”.

La investigación apunta a que Sosa Ruiz habría fungido como enlace entre células narcoterroristas en Tamaulipas y aspirantes a cargos públicos que buscan financiamiento ilegal. A cambio, una vez en el poder, los beneficiados devuelven los favores con protección política, adjudicación de contratos públicos y persecución de adversarios. Este esquema, según fuentes citadas por MVS Noticias, habría contaminado incluso campañas de políticos texanos del Partido Republicano, extendiendo el rastro del dinero sucio más allá de la frontera.

De confirmarse su inclusión en la lista negra, la consecuencia inmediata sería la cancelación de su visa estadounidense por pérdida de confianza de las autoridades norteamericanas, lo que la colocaría en una posición crítica dentro del escenario político nacional. Para Morena, el golpe sería severo: Sosa Ruiz figura como posible candidata a la gubernatura de Tamaulipas, actualmente encabezada por Américo Villarreal, y las reglas de paridad podrían favorecer su postulación. Sin embargo, su eventual incapacidad para cruzar a Texas pondría en entredicho su viabilidad para gobernar un estado fronterizo.

El caso también ha provocado un fuerte rechazo ciudadano en México. El 31 de octubre, un grupo de habitantes irrumpió en una sesión itinerante del Congreso de Tampico para exigir al gobierno de Donald Trump sanciones contra la senadora por su presunto papel en el huachicol fiscal y en el financiamiento ilegal de campañas. La indignación crece tanto en Tamaulipas como en Texas y Washington D.C., donde el nombre de Olga Sosa se ha convertido en sinónimo de conflicto político y sospecha internacional.

La presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta así un nuevo foco de tensión derivado de esta polémica legisladora, cuya situación podría poner en riesgo la relación bilateral con Estados Unidos justo en un momento en que el trumpismo busca cualquier pretexto para intervenir en México bajo el discurso de la seguridad fronteriza.

Por el bien del país —y de la estabilidad política de Morena—, este caso deberá aclararse a fondo. Porque mientras las dudas persistan, el nombre de Olga Patricia Sosa Ruiz seguirá oliendo a gasolina robada, impuestos quemados y corrupción transnacional.

Olga Sosa y las operaciones de más de 61 MDP con Vector Casa de Bolsa

La serie de reportajes Nación Criminal, reveló documentos que muestran que familiares de la senadora morenista Olga Patricia Sosa Ruiz realizaron multimillonarias transacciones de dólares a pesos antes de la elección de 2022. Las operaciones se efectuaron a través de Vector Casa de Bolsa, presidida honorariamente por Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de la Presidencia con Andrés Manuel López Obrador, y señalada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por riesgos en materia de lavado de dinero.

Sosa Ruiz reconoció públicamente una de las operaciones, pero ocultó la participación de más familiares, lo que incrementó las sospechas sobre el origen y destino de los recursos.

Esta no es la primera vez que la legisladora tamaulipeca se encuentra en el centro de una controversia. En una investigación anterior de Nación Criminal, se documentaron operaciones millonarias presuntamente destinadas a financiar campañas electorales con dinero de contrabando. De acuerdo con documentos difundidos por MVS, la tía de la senadora habría utilizado 1.5 millones de dólares para comprar más de 30 millones de pesos, semanas antes de los comicios de 2022.

La operación fue realizada mediante Vector Casa de Bolsa, la misma institución que facilitó otra transacción idéntica llevada a cabo por la madre de la senadora, Olga Patricia Ruiz Garza, apenas 25 días antes de las elecciones. En ambos casos, el origen de los recursos no ha sido demostrado, lo que acrecienta las dudas sobre su legitimidad.

Según los registros, la primera operación —realizada por la madre de Sosa Ruiz— fue por $30,555,000.00 pesos, equivalentes a 1.5 millones de dólares, el 12 de mayo de 2022. Días antes, el 2 de mayo, su tía, María Lorena Ruiz Garza, había efectuado una transacción del mismo tipo y monto, $30,727,500.00 pesos, también mediante Vector Casa de Bolsa.

Las facturas de ambas operaciones, identificadas con los folios 813F71AE-108A-4C21-B7CE-AFEE7968B3B1 (para la madre) y 71F6A220-0858-4078-93F1-4CEC9319325C (para la tía), permanecen vigentes ante el SAT. En total, la familia Sosa Ruiz habría movido más de 61 millones de pesos en un lapso de apenas diez días, en plena coyuntura electoral de Tamaulipas.

El caso se vincula directamente con el llamado Grupo Carmona, encabezado por los empresarios Sergio y Julio Carmona Angulo, acusados de financiar campañas de Morena en diversos estados con recursos provenientes del huachicol fiscal. Sosa Ruiz ha sido señalada como integrante de esta red de financiamiento político.

A finales de junio de 2025, medios nacionales difundieron el comprobante fiscal de la transacción de la madre de la senadora, lo que desató un amplio debate político y mediático. La legisladora intentó justificar la operación alegando que los fondos provenían de una supuesta herencia familiar, aunque no presentó ninguna prueba documental que respaldara sus declaraciones. Tampoco hizo referencia a la operación de su tía, lo que generó incertidumbre sobre si existen más transacciones familiares no reveladas.

El uso de Vector Casa de Bolsa, una institución señalada por autoridades estadounidenses y cuestionada por la FinCEN por presuntos vínculos con lavado de dinero, añade otro nivel de sospecha al caso. La falta de comprobantes sobre la procedencia de los recursos, junto con la omisión parcial de la senadora, plantea interrogantes sobre la naturaleza de las operaciones y su posible relación con un entramado mayor de financiamiento ilegal.

La controversia no solo pone en entredicho la transparencia del patrimonio familiar de Sosa Ruiz, sino también la integridad de las estructuras financieras que rodean a figuras políticas clave en el estado. En el epicentro de las investigaciones, la senadora enfrenta un dilema entre proteger la privacidad de su familia o aclarar, con total transparencia, el origen de los millones que hoy comprometen su futuro político.