Relación con el crimen organizado

Carlos Lomelí, proveedor y lavador de dinero de tres cárteles

El senador de Morena, Carlos Lomelí Bolaños, ha sido señalado en múltiples ocasiones por sus presuntos vínculos con el crimen organizado y por participar en operaciones de lavado de dinero para los cárteles y suministro de precursores químicos para la fabricación de drogas sintéticas. 

Su carrera criminal empezó tan temprano como 2002, cuando fue detenido y condenado por el delito de portación ilegal de arma de fuego. Su trayectoria empresarial y política ha estado marcada por investigaciones de agencias estadounidenses, especialmente la Administración de Control de Drogas (DEA) y el Departamento del Tesoro de EEUU.

En 2008, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a su empresa Lomedic S.A. de C.V. en la lista de entidades relacionadas con el narcotráfico, por presuntos vínculos con el Cártel de Colima de los hermanos Amezcua Contreras, conocidos como “Los Reyes de las Metanfetaminas”. A partir de esa designación, todos los activos de Carlos Lomelí y su empresa Lomedic en EEUU fueron congelados. Cuatro años después, el nombre de la compañía fue retirado del listado, aunque la sombra del señalamiento permaneció sobre Lomelí.

La situación se agravó en 2010, cuando Lomelí fue interrogado por la DEA en el aeropuerto de El Paso, Texas. Durante el interrogatorio, las autoridades estadounidenses lo confrontaron con pruebas que lo vinculaban con la venta de precursores químicos al Cártel de Sinaloa, particularmente del producto Lovarin-P, utilizado para fabricar metanfetamina. Según documentos judiciales del Distrito de El Paso, Texas, fechados el 27 de enero de 2011, Lomelí admitió haber sostenido relaciones comerciales con dicho Cártel y participado en esquemas de lavado de dinero.

A cambio de evitar un juicio en su contra, entregó bienes valuados en 2.7 millones de dólares al gobierno estadounidense y firmó un acuerdo de cooperación con la DEA y la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC), comprometiéndose a no volver a colaborar con el crimen organizado ni aceptar dinero ilícito. De esa forma, consiguió que su empresa fuera retirada de la lista de sanciones.

Los cuestionamientos en contra de Carlos Lomelí se profundizaron en 2017, cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó en sus registros de sanciones a la empresa Servicios Educativos y de Negocios S. de R.L. de C.V. En esta firma, Lomelí mantiene una sociedad con el ex futbolista Rafael Márquez dentro de una entidad señalada por formar parte de una organización de blanqueo de capitales vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Las indagatorias establecieron que esta empresa era utilizada por Raúl Flores Hernández, operador financiero del citado cártel, para el lavado de activos. El caso cobró mayor relevancia al confirmarse que Lomelí omitió reportar su participación en esta sociedad dentro de su declaración patrimonial 3de3, encubriendo así su vínculo directo con una entidad que integraba una red financiera bajo sospecha criminal.

A pesar de sus antecedentes, Lomelí fue llevado al Senado de la República por Morena. Unas semanas después de que se exupusieron los escándalos de huachicol fiscal liderados por altos mandos de la Marina, también publicados en Narcopolíticos, Lomelí fue designado como presidente de la Comisión de Marina en el Senado de la Repúbllica.

Recientemente, también se ha señalado que, pese a su historial de investigaciones por proporcionar precursores químicos para la producción de drogas al crimen organizado, el gobierno de Claudia Sheinbaum adquirió fentanilo a través de sus empresas.

Carlos Lomelí: El imperio farmacéutico de Morena

Una investigación de Latinus reveló que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) otorgó más de 420 millones de pesos en contratos a empresas relacionadas con Carlos Lomelí Bolaños, a través de adjudicaciones directas, sin licitaciones públicas. Las compañías beneficiadas —Laboratorios Solfran y Abastecedora de Insumos para la Salud (Abisalud)— firmaron convenios entre mayo y junio de 2025 para surtir insumos hospitalarios y medicamentos básicos como aspirinas, electrolitos orales, tubos de aspiración y jaleas lubricantes. El IMSS justificó estos contratos como parte de un procedimiento de emergencia ante el desabasto nacional de medicamentos, aunque la opacidad del proceso y los antecedentes de las empresas despertaron cuestionamientos por presunto conflicto de interés.

De acuerdo con los registros oficiales, Laboratorios Solfran recibió al menos 260 millones de pesos, mientras que Abastecedora de Insumos para la Salud obtuvo más de 160 millones. Ambas empresas comparten dirección fiscal en Guadalajara, Jalisco, y se han visto envueltas en controversias previas por contratos irregulares con dependencias públicas. En 2019, Lomelí fue señalado por irregularidades en la venta de medicamentos al gobierno federal, situación que derivó en su destitución como superdelegado federal en Jalisco.

Los registros de Compranet y del Portal de Transparencia Federal indican que las empresas de Lomelí no sólo mantienen vínculos con el IMSS, sino también con instituciones de salud en Jalisco, Nayarit y Guanajuato, consolidándose como uno de los principales proveedores del sector. Entre enero de 2021 y diciembre de 2022 se documentaron 16 contratos relacionados con la adquisición de fentanilo, medicamentos y suministros hospitalarios, a pesar de que la Secretaría de la Función Pública (SFP) había suspendido previamente a la empresa por más de dos años, en julio de 2020.

Aunque Lomelí no figura como directivo formal de Laboratorios Solfran, diversas investigaciones periodísticas han revelado que es copropietario a través del Corporativo Internacional Vigilando tu Salud, conglomerado que agrupa al menos diez empresas dedicadas a la producción y distribución de medicamentos. Entre ellas destaca Abisalud, que en 2020 recibió un contrato por adjudicación directa de 7.5 millones de pesos del Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas, dependiente de la Secretaría de Salud, bajo el registro AA-012M7A001-E84-2020.

Entre 2013 y 2019, Abisalud acumuló más de 150 contratos públicos por un valor total de 2 mil 188 millones de pesos, mientras que la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco vinculó a proceso, en 2024, a tres representantes de la empresa por presunto fraude y venta de medicamentos con sobreprecio al Instituto de Pensiones del Estado (Ipejal). Aunque Lomelí ha negado reiteradamente su relación con Abisalud, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) documentó que el político tenía autorización de Banorte para retirar fondos de dicha farmacéutica, lo que confirma su relación directa.

De acuerdo con el Registro Público de Comercio, hasta septiembre de 2019 el administrador único de Abisalud era Juan Carlos Tadeo Ramírez, esposo de la entonces diputada morenista Érika Pérez García. Tadeo Ramírez figura como apoderado legal en varias empresas del entorno de Lomelí, como Corporativo Integral Vigilando tu Salud, Laboratorio Bioterra y Lomedic, todas declaradas por el propio Lomelí en su 3de3 cuando fungía como delegado de la Secretaría de Bienestar en Jalisco.

Las conexiones entre las farmacéuticas de Lomelí también se evidencian en la licitación pública PCE-LPP-001-2019, lanzada por Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, donde Abisalud ofertó medicamentos adquiridos en Laboratorios Solfran, demostrando un circuito de colaboración entre ambas compañías. Además, los registros del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) muestran que, al registrar la marca Abisalud, Juan Carlos Tadeo Ramírez declaró una dirección ubicada en el Parque Industrial Colli, predio propiedad de Carlos Lomelí.

En 2018, Lomelí compitió por la gubernatura de Jalisco frente a Enrique Alfaro. Tras su derrota, fue designado superdelegado federal y desde ese cargo operó una red de al menos 19 empresas farmacéuticas, las cuales amasaron más de 2 mil 200 millones de pesos en contratos públicos durante siete años. Investigaciones periodísticas han documentado que familiares y allegados suyos figuran como accionistas o representantes legales en esas compañías, pese a sus constantes negativas.

Entre las entidades más señaladas se encuentra Abastecedora de Insumos para la Salud S.A. de C.V., sancionada por la SFP por proporcionar información falsa en procesos de licitación y acusada de vender medicamentos a sobreprecio al Ipejal. Empleados y representantes legales de esta empresa han enfrentado procesos judiciales por fraude y corrupción, aunque algunas sanciones fueron revocadas por posibles actos de tráfico de influencias y corrupción administrativa.

Pese a las reiteradas investigaciones, hasta la fecha no existen consecuencias legales directas contra Carlos Lomelí. Sin embargo, múltiples fuentes han confirmado que el político y sus allegados —incluida su esposa, Karina Lucía Navarro Pérez, y dos de sus colaboradores más cercanos— tuvieron autorización bancaria para acceder a fondos de Abisalud y Abastecedora de Insumos para la Salud, lo que refuerza su vínculo operativo y financiero con ambas farmacéuticas.

Trayectoria profesional

Es Médico Cirujano y Partero por la Universidad de Guadalajara con especialidad en Ginecoobstetricia y Pediatría, dueño de la Clínica Santa Rosa en Guadalajara, Jalisco. Fundador y director general de LOMEDIC S.A. de C.V. y director general de laboratorios SOLFRAN. 

Su trayectoria política inició en 2005 como integrante del PRD, posteriormente fue precandidato del PRD a gobernador de Jalisco, fue candidato a senador por el PRD a través de la coalición, Por el Bien de México. En 2018 fue aspirante en el proceso interno de Morena para elegir candidato a la gubernatura de Jalisco y en 2021, candidato a la presidencia municipal de Guadalajara por Morena. De 2015 a 2018 fue Diputado federal en la LXIII Legislatura. Secretario de las comisiones de Desarrollo Municipal y, Desarrollo Social. Integrante de las comisiones de Economía; Energía; Hacienda y Crédito Público; y, Zonas económicas especiales. De 2019 a 2021, delegado de la Secretaría del Bienestar en Jalisco y actualmente es senador por Morena. 

Origen de la información

Investigaciones del Departamento del Tesoro de los EE. UU., reportajes de Animal Político sobre el entramado de farmacéuticas beneficiadas con contratos públicos, revelaciones de El Financiero acerca de sus declaraciones patrimoniales e información publicada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.