Por: Iván Beltrán de la Garza

1. La llegada de las comunidades chinas a Baja California 

A finales del siglo XIX, la península de Baja California estaba organizada como territorio federal. El 14 de diciembre de 1887, un decreto dividió el Territorio de la Baja California en dos distritos, norte y sur, separados por el paralelo 28. Cada uno tenía un jefe político propio, designado por el gobierno federal. El Distrito Norte, escenario de esta historia, dependía directamente del poder central. En 1930, el Congreso reformó la Constitución para convertirlo en Territorio Norte, y el 16 de enero de 1952 adquirió la categoría de estado libre y soberano.

La migración china hacia el distrito respondió tanto a la expulsión desde Estados Unidos como a la demanda de mano de obra en el lado mexicano. La Ley de Exclusión de 1882 prohibió la entrada de todos los trabajadores chinos, calificados o no, a territorio estadounidense, y la Ley Scott de 1888 impidió que los que salieran pudieran regresar. Mientras los mexicanos cruzaban libremente para trabajar en el sur de California, los chinos no podían hacerlo, de modo que la mayoría de los que llegaron al norte de la península se quedaron ahí.

El gobierno de Porfirio Díaz, por su parte, buscaba colonos para poblar sus fronteras. Su ideal era el inmigrante europeo, blanco y de preferencia católico, pero ante la escasez de europeos dispuestos a instalarse en regiones áridas y remotas, los chinos aparecieron como alternativa viable. En 1899, México y China firmaron el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, que abrió las relaciones diplomáticas y económicas y dio origen a una nueva industria de transporte transpacífico.

Los primeros empresarios

Los primeros chinos que llegaron al Distrito Norte no eran jornaleros, sino empresarios en busca de nuevas inversiones. Desde hacía años, juncos chino-estadounidenses de la bahía de San Diego pescaban abulón en aguas de la península para exportarlo a China. Cuando la Ley Scott les impidió salir de aguas estadounidenses, el gobierno de Díaz otorgó en 1889 los derechos exclusivos de pesca a Manuel y Salvador Salorio, de Ensenada. El sindicato On Yick and Company, con sede en San Francisco, les compró la concesión y trajo pescadores chinos para administrarla.

Ese mismo año, un descubrimiento de oro cerca de Ensenada atrajo a Yee Chong Long, quien con otros socios adquirió la mitad de la concesión minera Masac, cerca de Real del Castillo. On Yick comenzó entonces a transportar trabajadores desde China. Ambos negocios terminaron por fracasar, pero marcaron el inicio de la larga relación del distrito con el capital, el trabajo y el espíritu empresarial chinos. En torno a Ensenada se formó una pequeña comunidad dedicada a la horticultura, las lavanderías y el comercio al menudeo. Hacia 1899, Yun Kui, dueño desde 1893 de una tienda general y de una fábrica de zapatos de lona, figuraba entre los diez empresarios más destacados de la región.

La transformación decisiva llegó con la irrigación de los valles Imperial y de Mexicali. En 1901 comenzó la construcción del ferrocarril Inter-California, que trajo a los primeros obreros chinos a la región. Al año siguiente, un grupo de empresarios de Los Ángeles encabezado por Harrison Gray Otis, editor del Los Angeles Times, y por su yerno Harry Chandler organizó la Colorado River Land Company. La compañía llegó a controlar cerca de 344,000 hectáreas en el valle de Mexicali, incluida buena parte de su tierra productiva. El algodón egipcio prosperó en el valle Imperial desde 1909 y pronto se extendió al sur de la frontera; en una década, el valle de Mexicali se convirtió en uno de los principales productores del país.

El viaje hacia el valle fue con frecuencia trágico. A principios de 1902, cuarenta y dos trabajadores chinos procedentes de Sinaloa desembarcaron en San Felipe e intentaron cruzar a pie los 219 kilómetros de desierto hasta Mexicali; solo siete sobrevivieron. A comienzos de 1910, un contingente de cincuenta y un trabajadores desembarcó en San Francisco y fue trasladado en vagones cerrados a través de California hasta Calexico. Desde ahí cruzó hacia los terrenos de la California-Mexican Land and Cattle Company, matriz de la Colorado River Land Company. Las leyes de exclusión obligaban al ferrocarril Southern Pacific a depositar una fianza de quinientos dólares por cada trabajador chino para garantizar que llegara a Calexico y cruzara la frontera.

Los chinos pronto demostraron ser trabajadores codiciados. Los patrones los consideraban los pizcadores de algodón más resistentes del distrito y valoraban su velocidad y destreza, pese a que prácticamente no tenían experiencia previa. Con la Primera Guerra Mundial, la demanda europea de algodón disparó la producción y los precios, mientras los productores del valle Imperial atraían a los trabajadores mexicanos con salarios altos. Los algodoneros del Distrito Norte, muchos de ellos estadounidenses, se quedaron sin brazos, y el trabajo chino se convirtió en la única alternativa práctica ante la escasez crónica.

La Colorado River Land Company, que prefería arrendar la tierra antes que venderla, eligió como arrendatarios a los chinos porque los consideraba hábiles para desarrollar tierra virgen. Cuando la Kwong Tong Company rentó unas 233 hectáreas, el terreno estaba considerado entre los más accidentados del rancho. En 1914, sus arrendatarios nivelaron 121 hectáreas, un trabajo tan costoso que, según un informe de la compañía, habría desanimado a cualquier hombre blanco. La empresa Juan Chong and Company arrendó unas 809 hectáreas en 1916 y seis años después tenía un millón de pesos invertido en tierras.

Cooperativas, comercio y crédito

1. L. Bell, comisionado comercial de Estados Unidos (los documentos solo registran sus iniciales), describió la forma de organización que hizo posibles estos arrendamientos: la cooperativa. Un chino con capital propio o con dinero bajo su control obtenía el arrendamiento y formaba una compañía cooperativa de unos dieciséis hombres por cada 405 hectáreas de algodón. Cada socio aportaba entre unos cientos y unos miles de dólares y trabajaba a cambio de una parte de la cosecha. Durante la temporada no recibía salario, sino comida y ropa adelantadas, con frecuencia por comerciantes chinos de Mexicali que también tenían arrendamientos.

En el comercio, la Chinese-Mexican Mercantile Company abrió en 1913 una tienda de cinco mil dólares y en cinco años la convirtió en el establecimiento más grande y sólido de su tipo en Baja California. Además de las ventas al menudeo, la compañía cultivaba unas 1,619 hectáreas de algodón y era dueña del Paris Cafe. Para financiar sus cosechas, los agricultores chinos dependían de las despepitadoras estadounidenses, que cobraban intereses de hasta 24% anual. Las principales eran la Chinese-Mexican Ginning Company, controlada por los intereses Vosburg de Los Ángeles; la Compañía Algodonera de la Baja California, subsidiaria de la Globe Cotton Oil Mills, y la Goree-Hartman Gin Company.

Entre 1910 y 1921, la presencia china en el Distrito Norte se multiplicó por seis, y su proporción pasó de poco más de 5% a casi 12% de la población total. El censo nacional de 1921 registró 23,537 habitantes en el distrito, de los cuales 2,806 eran chinos y, de ellos, solo catorce eran mujeres. Los observadores de la época pensaban que la cifra subestimaba la presencia china: el diario Excélsior describía a Mexicali como una ciudad enteramente china, y la Asociación China de Mexicali contó en 1922 al menos 3,500 residentes.

2.  La Chinesca y el negocio del opio

Casi todos los inmigrantes chinos que llegaron al Distrito Norte eran hombres solteros, de modo que les resultaba prácticamente imposible formar comunidades tradicionales. En su lugar, diversas asociaciones sustituyeron a las familias extensas y a los clanes, y dieron apoyo económico y servicios sociales a sus miembros, así se formó esta comunidad de trabajadores y empresarios chinos en Mexicali. La Chee Kung Tong, organización fraternal de corte masónico, abrió sus puertas en 1915 con cien miembros y en tres años superaba los tres mil. Instalada en uno de los mejores edificios de Mexicali, repatriaba a los paisanos pobres o enfermos, mediaba en las disputas legales entre sus miembros y ayudaba a resolver conflictos con los rancheros mexicanos y estadounidenses que empleaban trabajadores chinos.

Por encima de ella, la Asociación China de Mexicali representaba a la comunidad ante las autoridades locales y nacionales. También sostenía el Hospital Chino, fundado en 1919, que atendía gratuitamente tanto a chinos como a mexicanos. Una cuota especial sobre el algodón producido por los rancheros chinos, que superaba los diez mil pesos anuales, lo financiaba.

Buena parte de esa sociedad se refugió bajo tierra. El calor de Mexicali, que en verano rondaba los cincuenta grados, hacía del subsuelo un refugio, y la condición de indocumentados de muchos de sus habitantes lo convertía también en un escondite frente a la persecución. En los sótanos funcionaron viviendas, dormitorios e incluso una logia masónica. Los testimonios recogidos por el cronista Arturo Villaseñor Valladolid mencionan también hospitales, casinos con fumaderos de opio y un templo dedicado a preservar sus costumbres.

El comercio y el contrabando de opio existían en el distrito cuando menos desde finales del siglo XIX. La historiadora Zinnia V. Capó Valdivia documenta un oficio aduanal estadounidense de 1895 y una nota del Los Angeles Evening Express de 1890 sobre contrabandistas chinos perdidos en el desierto. Se trataba de contrabando porque el gobierno mexicano, como otros, había limitado desde 1871 la venta de opio a farmacias y boticas con licencia. Aun así, entre 1888 y 1911 se calcula que se importaron desde México hasta doce toneladas de opio.

En las primeras décadas del siglo XX ya operaban en el noroeste redes internacionales que buscaban llevar opio al mercado estadounidense. El opio crudo, cultivado en China o la India, salía en buques trasatlánticos de Macao, Hong Kong y Singapur. Algunos llegaban directamente a San Francisco, donde la carga se registraba como mercancía en tránsito hacia México. Otros zarpaban hacia Nueva York y bajaban por el canal de Panamá, con escala en Nicaragua, hasta Salina Cruz, Manzanillo, Guaymas, Mazatlán o Ensenada. A esos puertos llegaba también opio directamente desde Inglaterra, Italia, Alemania y Japón.

Una vez en Ensenada, el opio crudo se procesaba en una refinería o «fábrica». Una parte se convertía en opio para fumar, pero la mayoría se transformaba en opiáceos, por lo general morfina o heroína. Una fracción se quedaba para el consumo local, y la mayor parte se enlataba y se reexportaba clandestinamente a California.

El negocio creció al ritmo en que se cerraban los mercados legales. Estados Unidos prohibió la importación de opio para fumar en 1909, y en 1912 la Convención Internacional del Opio de La Haya reunió a doce países que se comprometieron a eliminar gradualmente su fabricación, consumo y comercio. Ese mismo año, el Consejo Superior de Salubridad de México restringió la importación y exportación del producto y prohibió fumarlo. A finales de 1914, el Congreso estadounidense aprobó la Ley Harrison, que gravó la producción, importación, manufactura, comercio y distribución del opio, la coca y sus derivados.

Las restricciones no disuadieron el consumo: pacientes, médicos y contrabandistas se volvieron más ingeniosos y persistentes. La demanda crecía además por la adicción a la morfina entre militares, desertores que se autoinducían la adicción para evitar el servicio, mujeres que la usaban como alternativa al alcohol, y apostadores y prostitutas que la consumían por tenerla a mano. Como señala Capó siguiendo al sociólogo Alessandro Baratta, la prohibición multiplicaba el precio de las drogas en la calle y, con ello, las ganancias de quienes se arriesgaban a comerciarlas.

En la década de 1910, un grupo destacado de empresarios chinos de Mexicali se benefició del tráfico de opio. Según la socióloga Maricela González Félix, el mercado del opio y el arrendamiento de tierras fueron sus dos fuentes principales de acumulación de riqueza. Entre ellos se encontraba J. M. Uon, cuyo nombre completo no registran las fuentes, quien además de dirigir una tienda general, un rancho y el Hotel Península, trabajaba como agente de empleo y tenía fama de traficante de opio.

3. La Revolución, la llegada de Cantú y la legalización del opio. 

Durante la Revolución, el Distrito Norte fue una de las pocas regiones del país que ofrecían empleo y, sobre todo, relativa seguridad. La única perturbación seria fue el intento de los hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón de tomar la península en 1911. Los chinos del distrito atravesaron esos años prácticamente sin ser molestados, mientras en los estados del norte los ataques contra sus vidas, propiedades y derechos se volvían frecuentes. El peor ocurrió el 13 de mayo de 1911 en Torreón, donde una turba mató a 303 chinos y a cinco japoneses.

Esos años sentaron también el precedente de gobernar con el dinero del vicio. Cuando la llamada Segunda División magonista, al mando del galés Caryl ap Rhys Pryce, ocupó Tijuana el 9 de mayo de 1911, reabrió las cantinas y vendió permisos de casino para financiar su marcha sobre Ensenada. Pryce otorgó al estadounidense W. J. Johnson una concesión para un casino de dados, y los rebeldes se quedaban con 25% de las ganancias del juego.

Tras la derrota magonista, el general Manuel Gordillo Escudero gobernó el distrito desde finales de agosto de 1911 hasta finales de 1912. En ese año  propuso un «Reglamento de Sanidad» o de «Tolerancia» que cobraba permisos a cantinas y prostíbulos, con el argumento de que era imposible extirpar por completo la prostitución en Mexicali. Su administración fue la más señalada por abusos. Mar Hung, gerente chino de una casa de juego detenido por operar juegos no autorizados como el fan tan, el dominó chino y una lotería, declaró que pagaba en secreto doscientos pesos mensuales a la Jefatura Política. Tras la investigación del agente Francisco Portillo, enviado por la Secretaría de Gobernación, Gordillo renunció el 21 de diciembre de 1912.

Durante el gobierno de Victoriano Huerta, el jefe político Francisco N. Vázquez tomó personalmente el control de los impuestos sobre casinos y cantinas y explotó a sus propias tropas, hasta que una revuelta de cuartel lo derrocó el 16 de agosto de 1914.

Esteban Cantú Jiménez nació en Linares, Nuevo León. Ingresó al Colegio Militar en 1897 y egresó en 1900. Llegó a Mexicali el 26 de junio de 1911 como mayor de la columna enviada a combatir a los magonistas. Ese mismo año contrajo disentería y fue tratado con morfina, lo que, según sostiene Sandos, le generó una adicción que mantuvo durante años.

A finales de diciembre de 1914, el jefe político villista Baltazar Avilés huyó a Estados Unidos tras la rebelión de sus tropas en Ensenada y Tijuana, y Cantú, entonces coronel y jefe de la guarnición de Mexicali, tomó el control de la región. Venustiano Carranza Garza lo reconoció después como gobernador del Distrito Norte, pero Cantú mantuvo un control autónomo hasta 1920. Una de sus primeras decisiones como jefe político, en enero de 1915, fue trasladar la cabecera del distrito de Ensenada a Mexicali.

El distrito que recibió estaba en quiebra por los desfalcos de los jefes políticos anteriores y por la guerra civil. La federación había suspendido el envío de recursos desde finales de 1914 y no lo reanudaría sino hasta mayo de 1917. Mexicali, la nueva capital, carecía de hospital, energía eléctrica y distribución adecuada de agua.

California traslada sus vicios a la frontera

Al mismo tiempo, el movimiento de reforma moral alcanzaba su punto más alto en California. La redada del 10 de noviembre de 1912 en el Stingaree, el barrio rojo de San Diego, expulsó a proxenetas y prostitutas, y la Red Light Abatement Act de 1913 permitió clausurar como molestia pública cualquier lugar usado para la prostitución. Varios empresarios californianos del juego, el licor y la prostitución decidieron trasladar sus operaciones a Mexicali y Tijuana.

En 1913, Marvin Allen, Frank «Booze» Beyer y Carl Withington, dueños de salones y burdeles en Bakersfield, formaron la ABW Corporation para abrir establecimientos similares en ambas ciudades.  El Tecolote (The Owl) abrió sobre la avenida Porfirio Díaz, que funcionaba de facto como zona roja. Cuando la Women’s Christian Temperance Union del valle Imperial pidió al gobierno del distrito prohibir la venta de alcohol, al menos en las poblaciones fronterizas, la respuesta fue negativa, porque la prohibición habría anulado una de sus principales fuentes de ingresos.

Cantú convirtió esas actividades en la base fiscal de su gobierno. El 15 de julio de 1915 otorgó un permiso de juego a Antonio Elosúa, empresario minero y cuñado del expresidente Francisco I. Madero, que se convirtió en el modelo de los permisos que después comprarían los inversionistas estadounidenses. Ese mismo día, Elosúa inauguró la Feria Típica de Tijuana, con peleas de gallos, box, apuestas, carreras y corridas de toros, todos prohibidos entonces en Estados Unidos.

A finales de noviembre de 1915, los promotores californianos James Wood «Sunny Jim» Coffroth (no confundir con James N. Crofton)  y Baron H. Long, con respaldo financiero de las empresas de John D. Spreckels, tomaron el control del Lower California Jockey Club. El hipódromo se inauguró el día de Año Nuevo de 1916 con miles de visitantes estadounidenses, y el ferrocarril San Diego and South Eastern construyó un ramal directo desde San Diego hasta el centro de Tijuana y la pista.

En 1916, Cantú firmó con Carl Withington, principal inversionista del sindicato ABW, el contrato de concesión de El Tecolote, que fijaba impuestos de juego de ocho mil dólares mensuales, es decir, 96,000 dólares en ese año. Para 1917, el grupo de Allen, Beyer y Withington controlaba los mejores casinos y cantinas de Tijuana: amplió el Tivoli Bar, construyó el Foreign Club y compró los negocios de Elosúa. Para los inversionistas estadounidenses, el régimen de Cantú funcionaba como un colchón entre su país y el resto de México, donde los carrancistas ejercían un control más estricto y moralista.

El opio.

En paralelo, Cantú aplicó el mismo tratamiento fiscal al opio. En mayo de 1915 creó el impuesto de patente a fábricas de opio, basado en el reglamento que ya se aplicaba en el distrito a las fábricas de aguardiente. El decreto legalizó el procesamiento, la distribución y el consumo de opio en el Distrito Norte y fijó las obligaciones fiscales correspondientes. Con ello contravino, como concluye Capó, las disposiciones federales y los acuerdos internacionales que regulaban el comercio de la droga. Cantú sostuvo que ninguna ley federal impedía su importación y que los impuestos que no fueran materia de leyes federales vigentes pertenecían al erario del distrito.

En el texto del decreto justificó la medida con argumentos racistas: dijo que ya operaban varias casas de ciudadanos chinos dedicadas a purificar opio en greña y que sería imposible suprimir ese tráfico entre la «raza amarilla». Añadió que combatirlo requeriría un numeroso cuerpo de policía reservada, con fuertes gastos y quizá sin resultados, dadas las precarias circunstancias del erario.

El reglamento fijó una cuota mensual, pagada por adelantado, de mil pesos para las fábricas que procesaban más de 250 kilos al mes y de quinientos para las más pequeñas. El impuesto a la importación distinguía entre opio purificado, medio purificado y en greña, y durante todo el gobierno de Cantú osciló entre 1.50 y cien pesos por kilo. Una vez permitidos por la reglamentación distrital, se registraron ocho fumaderos entre Tijuana, Mexicali y Ensenada, que pagaban 250 pesos mensuales además de las contribuciones por importación. Los más grandes contaban con hasta treinta habitaciones privadas y tres salones. Fábricas y fumaderos debían pagar también diez pesos diarios al presidente municipal por ser el interventor que los vigilaba.

En la contabilidad pública, parte del dinero del opio se registraba como «derecho de bultos», y las concesiones y cuotas de fumaderos y fábricas aparecían a veces como «contribuciones prediales» o «arrendamiento de muebles e inmuebles». En ocasiones, los fumaderos se disfrazaban como salones y casinos.

La política dio resultados inmediatos. A principios de 1916, seis meses después de implantada, la aduana de Mexicali había aumentado 76% su recaudación, y en el primer año 44% de lo recaudado por el municipio provino de la vía de la tolerancia. Las licencias de las casas de juego, sobre todo las de las cantinas y prostíbulos de El Tecolote, proporcionaban a Cantú y al gobierno local casi trescientos mil dólares mensuales. Cantú cobraba además un recargo de entre 135 y 140 dólares por cada trabajador chino que entraba al distrito: cien iban a las arcas públicas y el resto, según los informes, terminaba en su bolsillo.

Ninguno de los ingresos obtenidos del vicio se remitía a la Tesorería federal. Con ese dinero, el gobierno distrital construyó en 1916 la aduana y la cárcel de Mexicali y pagó los sueldos de la policía y los empleados públicos. Según González Félix, el intenso comercio de opio y los frecuentes desórdenes en los negocios de placer obligaban, además, a reforzar el control y la vigilancia.

 

Cantú y los trabajadores chinos

La relación de Cantú con la comunidad china fue de conveniencia mutua. A diferencia de lo que ocurría en otros estados, evitó deliberadamente apelar al sentimiento antichino que en otros lugares había desembocado en violencia, quizá porque en 1915 se estimaba que 75% de la población de Mexicali era de origen chino. La mayoría de los trabajadores chinos entraban mediante concesiones especiales, y contratistas como Wong Wa Foy o Ching Tong Chong negociaban los permisos directamente con el gobernador.

En 1916, Cantú prohibió la inmigración directa desde China, en respuesta a una propuesta de la Lower California Agricultural Association para importar tres mil pizcadores chinos, con la esperanza de que los algodoneros pagaran en cambio el traslado de colonos mexicanos. La escasez de mano de obra  obligó a modificar el decreto y después a derogarlo. En julio de 1919, el alcalde de Calexico, H. C. «Casey» Abbott, y Sam Chung, prominente residente de Mexicali, obtuvieron permiso para traer 1,500 trabajadores chinos. El 8 de septiembre, unos treinta soldados se amotinaron en Algodones y, ante los rumores de que protestaban por la llegada de inmigrantes, Cantú prohibió la entrada de chinos, japoneses e hindúes al distrito. Dos meses después levantó la prohibición sin hacer ruido.

4. La red de Goldbaum.

David Goldbaum, de Ensenada, fue el intermediario entre el gobierno de Cantú y el sindicato chino del opio. Todo indica que se trataba del agrimensor nacido en México en 1858, hijo de un pionero judío polaco, que había cartografiado buena parte de Baja California. De niño, un bandido que pedía rescate a familias ricas lo secuestró junto con otros escolares; su padre pagó y lo envió a estudiar a San Francisco, y después se graduó de la Colorado School of Mines. 

Los documentos estadounidenses que Luis Astorga reconstruyó en Drogas sin fronteras mencionan que, el 16 de septiembre de 1916 un agente especial a cargo del distrito de Los Ángeles informó a las autoridades aduanales que Goldbaum había visitado días antes al gobernador en Mexicali. Lo describía como representante de un sindicato chino de traficantes de opio con sede en Ensenada, y el objetivo de la visita era acordar los términos de la concesión del negocio del opio para fumar. El trato se cerró en 45,000 dólares por la concesión y pagos mensuales de 10,000, y la información se turnó a los departamentos del Tesoro y de Estado.

El periodista Ioan Grillo considera que ese informe abrió la primera gran investigación estadounidense sobre traficantes mexicanos, en la que colaboraron agentes de aduanas, consulados y el Tesoro. Según los informantes, el grupo introducía el opio por Tijuana, y en Los Ángeles se lo vendía a un chino llamado Wang Si Fee, que tenía conexiones en San Francisco. El cónsul estadounidense confirmó la negociación y calculó los pagos mensuales entre diez y once mil dólares. Un solo cargamento pagó 78,000 dólares de impuestos por 6,400 latas de opio preparado y crudo.

Los informes no describen una jerarquía formal, sino una red en la que cada participante cumplía una función; de varios de ellos, los documentos solo registran el apellido o las iniciales. En la entrega de la droga en Estados Unidos colaboraban Goldbaum, los hermanos Dato, uno de los cuales era cuñado de Cantú, y el naviero R. D. Salazar, que transportaba el opio en sus barcos y regresaba con armas y municiones. Las armas las facilitaban en Calexico dos hombres de apellidos González y Villaseñor, el primero de ellos exmiembro del Servicio de Inmigración estadounidense.

Cantú también pidió a un japonés de apellido Condo, dueño de varios barcos en San Diego, que los pusiera al servicio del negocio. Cuando se negó, el gobernador le retuvo los 750 dólares que había pagado por una concesión de pesca. Del lado de las autoridades locales aparecían Antonio Patnick, alcalde de Ensenada, y Francisco Miranda, exagente aduanal, junto con Ramón Mayren, dueño de una farmacia y una mueblería. A principios de 1916, la aduana de San Diego había detenido un embarque procedente de Nueva York valuado en 12,000 dólares. A partir de entonces, el negocio se sostuvo de manera irregular con cargamentos de opio crudo y procesado enviados desde Mazatlán.

Prohibición, tolerancia y cierre

A principios de 1916, Carranza anunció la prohibición de importar opio para fumar, culminación de una serie de restricciones anteriores. Cantú tardó seis meses en informar de la disposición a las autoridades del distrito y, según los informes estadounidenses, suspendió el negocio en junio o julio de 1916. Al hacerlo declaró que los expendios, los centros de elaboración y los salones de recreo chinos podían propagar vicios desastrosos entre los mexicanos, por lo que suprimía el comercio del narcótico por ser nocivo para la salud pública.

Poco después, Ignacio del Corte, que tenía una concesión del gobernador para fabricar perfumes y extractos de hierbas, firmó un contrato con un empresario chino de Ensenada para vender opio, supuestamente amparado en esa concesión. El caso de Patricio Hong muestra cómo funcionaba la tolerancia después de la prohibición. Pese a tener permiso de las autoridades de Ensenada para transportar opio, lo detuvieron con cuatrocientas latas antes de llegar a Tijuana, y una vez aclarada la situación le devolvieron la mercancía. En cambio, el gobierno podía confiscar la droga a cualquier otra persona que la hubiera comprado.

Las detenciones posteriores a la prohibición recayeron sobre todo en usuarios y consumidores, que salían libres tras pagar una multa, y esa multa llegó a funcionar como el pago de una concesión. Según agentes del Departamento del Tesoro estadounidense, el gobernador y sus subordinados vendían las drogas confiscadas a terceros o las revendían a sus dueños originales a un precio mucho más alto.

En octubre de 1916, según uno de los informes, arrestaron a Goldbaum, Patnick, Mayren y Miranda, acusados de vender opio decomisado valuado en 60,000 dólares y de haberlo sustituido por panela o piloncillo; se habían repartido el dinero entre los cuatro. Otro informe, del agente consular estadounidense en Ensenada, contradecía esa versión. Según él, el único detenido había sido Miranda, que acababa de salir bajo fianza, mientras Goldbaum estaba en Estados Unidos, Patnick atendía normalmente sus tareas y Mayren seguía con sus negocios.

Varios funcionarios estadounidenses siguieron el caso, y de ellos los expedientes consulares solo registran el apellido: el agente Evans, que desde Tijuana escribió al secretario del Tesoro en octubre de 1916; Peters, del Departamento de Estado; Quate, desde Calexico, y Elliot, desde Los Ángeles, entre 1917 y 1918; y los cónsules, en Ensenada, y Mexicali. Las quejas reiteradas de las aduanas estadounidenses presionaron al gobierno mexicano para terminar con la importación legal de opio en el distrito a finales de 1917. Por órdenes federales, Cantú puso fin a su participación y prohibió el contrabando o la introducción clandestina de un opio al que ahora llamaba amenaza maligna para la salud pública.

La relación de Cantú con Estados Unidos iba más allá del opio. De acuerdo con  el historiador Joseph Richard Werne, Cantú admitió ante P. M. Godchaux, agente de la oficina de investigaciones del Departamento de Justicia, que planeaba una revolución contra Carranza en alianza con Francisco Villa y Manuel Peláez, y esperaba poder importar armas.

5. La caída de Cantú.

La caída de Cantú no fue obra de Carranza, sino consecuencia de la caída del propio Carranza. Cuando la rebelión de Agua Prieta lo derrocó en mayo de 1920, Cantú se negó a reconocer al gobierno provisional de Adolfo de la Huerta, y el nuevo gobierno envió una columna expedicionaria al mando de Abelardo Luján Rodríguez para removerlo. Cantú abandonó el poder en agosto de 1920; el historiador Lawrence Douglas Taylor Hansen fecha su destitución el día 20 de ese mes. Luis M. Salazar asumió el gobierno del distrito y Cantú partió al exilio en Estados Unidos.

Su salida no significó el fin de los negocios que había legalizado. El opio llevaba prohibido desde 1916, pero, pese a la represión oficial, el tráfico y el consumo continuaron durante toda la década siguiente, como muestran los numerosos informes de arrestos de chinos, estadounidenses y mexicanos. El juego, el alcohol y la prostitución prosperaron todavía más. En 1920, el grupo ABW añadió el Sunset Inn al casino Monte Carlo.

La Enmienda XVIII y la Ley Volstead, vigentes desde enero de 1920, impulsaron el desarrollo de Tijuana como ninguna medida anterior. Entre 1920 y 1924, las cerca de treinta cantinas que había al inicio de la Ley Seca se duplicaron, y surgieron cervecerías, destilerías y vinícolas. La prohibición estadounidense estimuló también la economía rural, porque los agricultores de Tijuana y Mexicali vendían frutas y granos para producir bebidas alcohólicas.

6. Abelardo L. Rodríguez

Abelardo Luján Rodríguez, el militar que había encabezado la columna contra Cantú, nació en Guaymas en 1889 y se unió al Ejército Constitucionalista en 1913. Fue comandante militar del norte de Baja California desde 1921 y gobernador del Distrito Norte de 1923 a 1930. Lejos de desmontar el sistema de Cantú, lo convirtió en la base económica de la región. Los impuestos a los negocios del licor pagaron la administración interna y las obras públicas y redujeron la dependencia de los fondos federales. El auge impulsó molinos de harina y despepitadoras, e incluso una fábrica de aviones en Tijuana en noviembre de 1927. En Mexicali se construyeron un teatro y una biblioteca pública. 

Como sus predecesores, Rodríguez se benefició personalmente, como socio importante de los empresarios estadounidenses. Ciudadanos de Tijuana y mexicanos residentes en California se quejaron formalmente ante el presidente Álvaro Obregón. Acusaban a Rodríguez de haber otorgado a Withington y sus socios el monopolio del juego, de aceptar sobornos para pasar por alto ciertas actividades y de reabrir casinos clausurados por irregularidades. En abril de 1924, Miguel González, agente de la Compañía Comercial de la Baja California, pidió la clausura del Sunset Inn y del Monte Carlo.

Obregón respaldó a Rodríguez, que había servido a sus órdenes durante la Revolución, le había prestado 900,000 dólares a la causa federal y otros 133,000 para comprar dos cañoneros durante la rebelión delahuertista de 1923 y 1924. La única concesión a los moralistas fue la orden de corregir los abusos más evidentes, sobre todo en el juego ilegal.

Mientras tanto, el sindicato ABW entró en declive en El Tecolote: tras un grave incendio en 1922 reabrió por un tiempo como ABW Club, y la muerte de Withington en 1925 debilitó su control sobre el vicio en Mexicali. Wirt G. Bowman ocupó su lugar en el grupo.

Mientras se asociaba con los estadounidenses, Rodríguez endureció el trato hacia los chinos, en sintonía con un nacionalismo cada vez más racista. En septiembre de 1921, Obregón prohibió la entrada de trabajadores chinos no calificados a todo el país. En 1923, un incendio destruyó la mayor parte de La Chinesca, con pérdidas estimadas en hasta tres millones de pesos. Rodríguez consideraba la presencia china en el campo uno de los problemas más dignos de atención de toda la República. Fundó colonias agrícolas mexicanas para contrarrestar la influencia «asiática» y negó a los chinos lotes sobre las avenidas principales de Mexicali para frenar lo que llamaba «la invasión asiática».

Aun así, los chinos dominaban el valle: de los 95 arrendamientos protocolizados por la Colorado River Land Company en 1924, 56 fueron para chinos, 22 para japoneses, nueve para mexicanos y ocho para estadounidenses. Ese mismo año, las luchas políticas de la China revolucionaria se libraron en las calles de Mexicali entre la Chee Kung Tong y el Kuomintang. Entre mayo y agosto de 1924 murieron once miembros de los tongs, mientras el gobernador deportaba a varios más.

Hacia 1925 había en Mexicali unas 24 grandes casas comerciales chinas frente a solo siete u ocho mexicanas de importancia. Una de ellas, La Casa Colorado, acumuló más de trescientos mil pesos de capital surtiendo a los trabajadores agrícolas y traficando opio en paralelo. Pese a todo, para 1927 el norte de Baja California albergaba la mayor comunidad china de México, con 5,889 personas.

La mayor obra de Rodríguez fue el casino de Agua Caliente. En 1928, los estadounidenses Wirt G. Bowman, Baron H. Long y James N. Crofton formaron en Mexicali la empresa que construiría un complejo turístico junto a los manantiales de Agua Caliente. El terreno pertenecía a Rodríguez, que lo había comprado a Alberto Argüello en 35,000 dólares, y él era uno de los principales accionistas. El contrato de construcción fue para su hermano Fernando L. Rodríguez, socio de Baron Long.

El complejo costó unos diez millones de dólares, y su primera etapa, con un hotel de quinientas habitaciones, casino, balneario y café, se inauguró el 23 de junio de 1928. Su Salón de Oro estaba reservado casi exclusivamente para magnates, estrellas de Hollywood e incluso gángsters como Al Capone. La mayor parte de las ganancias salía del país y muy poco llegaba a la población trabajadora de Tijuana. En 1931, el gobernador Carlos Trejo y Lerdo de Tejada describió Tijuana como una ciudad triste de casuchas de madera, al lado de las cuales las caballerizas del hipódromo parecían lujosas.

 

7. La Depresión y el fin de los casinos 

La Depresión de 1929 derrumbó el algodón y vació La Chinesca. En agosto de 1929, unos trescientos miembros de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM) se manifestaron contra los cafés y cantinas extranjeros que no emplearan al menos 80% de trabajadores mexicanos, y las autoridades clausuraron los veinte cafés chinos de la ciudad. Entre 1927 y 1930, la población china se redujo de casi seis mil a 2,982 personas, y para 1940 quedaban apenas 618 en todo el norte de la península. La causa no fue la persecución, como en Sinaloa o Coahuila, sino el hundimiento de la economía algodonera.

Rodríguez, presidente (1931-1934)

Rodríguez fue subsecretario de Guerra y Marina a partir del 16 de octubre de 1931 y, tras ocupar la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo, secretario de Guerra y Marina desde el 2 de agosto de 1932. Un mes después, tras la renuncia de Pascual Ortiz Rubio, el Congreso lo eligió presidente sustituto, cargo que ejerció del 4 de septiembre de 1932 al 30 de noviembre de 1934.

Los negocios de los empresarios estadounidenses terminaron por decisión presidencial. Lázaro Cárdenas del Río revocó los permisos de juego de Tijuana el 19 de julio de 1935, y dos días después cerraron el casino de Agua Caliente, el hipódromo y el Foreign Club, lo que dejó sin empleo a unos cinco mil mexicanos. La medida no afectó a los bares, los cabarets, los prostíbulos ni al tráfico de drogas. En diciembre de 1937, el gobierno expropió las instalaciones de Agua Caliente y las entregó a la Secretaría de Educación Pública.

8. Un patrón de gobierno

La historia de la frontera entre 1889 y 1935 muestra un patrón que se repitió con cada gobernante: el vicio prohibido en Estados Unidos se convertía en el principal ingreso de un distrito aislado y sin recursos federales, y quien gobernaba se volvía a la vez regulador, recaudador y socio. Gordillo Escudero cobraba a escondidas a los casinos chinos, Cantú fiscalizó abiertamente el opio y el juego, y Rodríguez se asoció con los empresarios estadounidenses. El historiador Ricardo Pérez Montfort, citado por Capó, llamó a esta política una «doble moral» heredada del porfiriato: se proclamaba el control estricto de las drogas mientras el propio gobierno protegía la impunidad de quienes lucraban con ellas.

Sobre el alcance de este patrón hay dos lecturas. El periodista Francisco Cruz Jiménez, autor de Tierra narca y El Cártel de Juárez, sostiene que el narco se incrustó en el Ejército mexicano a través del coronel Cantú y del general Rodríguez. Según él, Rodríguez aprendió el negocio viendo cómo Cantú pagaba a sus tropas con las ganancias del opio, la prostitución, el alcohol y las casas de juego, y lo considera el primer presidente narco. Esa tesis es suya y no constituye un consenso académico.

La interpretación de Luis Astorga ubica a ambos en un marco más amplio. Para él, entre 1914 y 1947 el tráfico de drogas nació subordinado al poder político, en particular a los gobernadores de los estados productores o de tránsito, y Cantú y Rodríguez fueron pioneros de ese modelo. Lo que la documentación sí muestra, en la línea de Astorga, es que los gobernadores militares de la frontera protegieron, gravaron y compartieron las ganancias del opio y del juego. Ese modelo marcaría la relación entre el Estado mexicano y el narcotráfico durante las décadas siguientes.

Fuentes

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