En la carpeta de investigación FED/FEMDH/FEIDDF-JAL/0000070/2025, a la que Narcopolíticos tuvo acceso, se describen dos formas principales por las que alguien podía llegar al Rancho Izaguirre para ser entrenado como sicario: ofertas laborales falsas y privación de la libertad.

En el Rancho también se encontraban personas que recibieron invitación directa para pertenecer al grupo criminal de forma voluntaria, pero, según testimonios, eran un porcentaje menor de los reclutas. Los sicarios voluntarios eran reconocibles porque el cártel les proporcionaba armas reales desde el inicio de su entrenamiento.

Las víctimas de ofertas laborales falsas mencionan haber respondido a anuncios en Facebook y TikTok que prometían puestos de trabajo variados, entre ellos: albañil, guardia de seguridad, ayudante en eventos o jornalero. Estas ofertas ofrecían pagos semanales muy superiores al precio de mercado para atraer a las víctimas.

Los reclutadores del CJNG citaban a las víctimas en lugares públicos donde el flujo de personas hace que las desapariciones pasen desapercibidas. Una vez que se encontraban en manos del grupo criminal, estos les informaban que ahora trabajaban para el Cártel Jalisco Nueva Generación como sicarios.

Testimonio de una de las víctimas de identidad resguardada:

“Comencé a buscar ofertas de trabajo en Facebook y vi una publicación que decía que ocupaban guardias para cuidar tiendas comerciales, recuerdo que la oferta decía que te pagan el boleto de traslado de donde uno estuviera, de ahí recibí una llamada de un sujeto que me preguntó ¿necesitas trabajar? y le contesté ¿cuánto pagan?, me dijo que $3,000.00 pesos y que también me pagaban el transporte (…), me dirigí a la terminal de autobuses de Querétaro, y me enviaron a mi teléfono un boleto con destino a la nueva Central de autobuses de Guadalajara, llegué y marqué al número y les avisé que ya había llegado, la persona me dijo que esperara, que pasaría por mí un Uber (…) el chofer sacó un arma corta y nos dijo agachen la cabeza y quien la levante lo mato, llegamos a una casa (…) nos dijeron los vamos a trasladar a otro lugar y deben decir que van a trabajar de propia voluntad y que van a trabajar de sicarios, de una vez les digo, van a trabajar para el Cártel Jalisco Nueva Generación”.

A las personas reclutadas se les obligaba a no mirarse, mantener la cabeza agachada, hablar en voz alta y utilizar únicamente los sobrenombres que les fueron asignados al llegar al Rancho.

Según múltiples testimonios, las actividades en el rancho incluían ejercicio constante, manejo de armas, labores de limpieza y logística, así como actos de extrema violencia, entre ellos consumo de carne humana, mutilación y tortura, como medidas para insensibilizarlas para cometer crímenes para la organización.

«Me da coraje saber que era un servidor público porque lejos de ayudarnos, apoyaban o estaban con la gente mala».

-Testigo protegido “Verde”, quien declaró que, mientras estaba privado de la libertad, vio a José Ascención Munguía en el Rancho Izaguirre, sin saber que era el Presidente Municipal de Teuchitlán, y lo reconoció posteriormente al verlo en fotografías de redes sociales.

En el Rancho llegaban a habitar hasta 500 personas, en un periodo aproximado de siete meses. Esto dificultaba la interacción para reconocerse entre sí, sin embargo, los testigos coinciden en la presencia constante de “El Lastra”, miembro del CJNG encargado del reclutamiento forzado en el rancho Izaguirre y ranchos aledaños.

Diversos testimonios también coinciden en la presencia habitual de miembros de la policía de Teuchitlán, así como del presidente municipal, José Ascención Murguía.

Las víctimas eran vigiladas 24/7 por miembros del CJNG, entre ellos exmilitares y exmarinos. Aquellos que se consideraban no aptos físicamente o que resistían de cualquier forma a las órdenes eran ejecutados inmediatamente, y, en ocasiones, sus cuerpos eran desmembrados por los demás reclutas como parte del entrenamiento.

Las fosas clandestinas encontradas en las inmediaciones del rancho por madres buscadoras respaldan los testimonios que indican que el Cártel calcinaba y enterraba a los reclutas que no pasaban las pruebas en el mismo predio.

El caso Teuchitlán resalta las múltiples formas en las que el Estado Mexicano está fallando en garantizar el bienestar de la población.

Es una muestra de que, en el México actual, los ciudadanos se ven obligados a luchar contra la constante amenaza de la pobreza navegando un mercado laboral que normaliza la informalidad, empuja a la precariedad y convierte a los ciudadanos más vulnerables en presa fácil para el crimen organizado.

Por otra parte, comprueba nuevamente no sólo la negligencia de las instituciones y funcionarios cuya función es garantizar nuestra seguridad, si no también su complicidad directa con los grupos criminales que acechan, atentan, y convierten a la ciudadanía en carne de cañón de una guerra en la que nunca aceptamos participar.