Relación con el crimen organizado

En noviembre de 2022, todavía en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el periodista Carlos Loret de Mola publicó un artículo titulado “Los sobrinos consentidos de la Marina”. En él, alertó que los sobrinos políticos del entonces secretario de la Marina, Rafael Ojeda, habían sido denunciados por corrupción. Según el periodista, los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna controlaban las áreas de adquisiciones, obras, dragado, construcciones y abastecimientos, administración y fomento portuarios. A través de ellas, repartían millones de pesos en adjudicaciones directas, que beneficiaron, sobre todo, a empresarios de Sonora, su estado natal.

A pesar de estas denuncias, ambos hermanos siguieron ascendiendo y operando en la secretaría de Marina. También ascendieron algunos de sus operadores, como Carlos Alberto Gómez Martínez, quien pasó de director general de Fomento y Administración Portuaria a director general de Marina Mercante.

Tuvieron que pasar tres años, un cambio de sexenio, un denunciante asesinado y la presión ejercida por la administración de Donald Trump, así como la visita a México de su secretario de Estado, Marco Rubio, para que los hermanos Farías enfrentaran consecuencias legales.

En marzo de 2025, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) y otras autoridades federales realizaron un operativo conjunto en Tampico, Tamaulipas, en el cual catearon el buque Challenge Procyan y encontraron que no transportaba aditivos, como habían declarado sus operadores, sino diésel.

Esto llevó a las autoridades a revisar un predio en la ciudad de Altamira, donde aseguraron 10 millones de litros diésel contrabandeado, también conocido como “huachicol fiscal”. Según especialistas consultados por El País, el huachicol fiscal genera un boquete de más de 177,000 millones de pesos al año a las finanzas del Estado mexicano.

En conferencia de prensa, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, afirmó que, en el operativo de Tampico, las autoridades aseguraron documentos que permitieron identificar la logística de una “estructura criminal basada en la utilización de documentación apócrifa, para facilitar el traslado de combustible con la participación de empresas de transporte, agencias aduanales y algunos servidores públicos”.

A partir de este operativo, las autoridades federales realizaron una investigación penal que llevó a la emisión de 14 órdenes de aprehensión contra  3 empresarios, 5 marinos en activo, 1 marino en retiro y 5 exfuncionarios de aduanas. Además, en colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), bloquearon las cuentas bancarias de 20 personas físicas y morales relacionadas con esta red criminal, con “centenas de millones de pesos”.  

El marino de más alto rango que fue detenido es Manuel Roberto Farías Laguna, que se desempeñaba como comandante de la 12ª Zona Naval (Puerto Vallarta, Jalisco). Farías Laguna es sobrino político de Rafael Ojeda Luján, quien se desempeñó como secretario de Marina durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

Según las indagatorias de la Fiscalía General de la República (FGR), esta red se conecta con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Una de la empresas que incurrió en lavado de dinero es Mefra Fletes, con domicilio fiscal en Guadalajara. Esta empresa operó con al menos 15 empresas fantasmas y era representada por el ex juez Anuar González Hemadi, destituido por proteger a «Los Porkys». La empresa tiene como socio a Eric Daniel Zamora Delgado, quien, según reforma, se encuentra acusado en Estados Unidos de lavar dinero para el Cártel Jalisco a través de la empresa Ecocarburante. 

Desde junio de 2024, los hermanos Farías Laguna fueron denunciados por el contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar,    quien los acusó ante su tío, el secretario Rafael Ojeda, de encabezar una mafia delictiva en los puertos y aduanas mexicanas. En ese momento, Fernando Guerrero era director general de Recaudación de Aduanas, por lo que era su trabajo revisar y denunciar casos de huachicol fiscal.

A pesar de que solo cumplía con sus funciones, el contralmirante que alzó la voz, así como una funcionaria de la Fiscalía General de la República (FGR) que revisaba el caso, Magaly Janet Nava Ramos, fueron asesinados en noviembre y octubre de 2024, respectivamente. Las indagatorias actuales de la FGR señalan explícitamente que “se puede inferir que los actores materiales” del homicidio “pudieran ser personal” de la Marina.

La detención y persecución de los hermanos Farías Laguna implica un primer paso para romper con la política de protección e impunidad que había protegido a altos mandos del Ejército y de la Marina relacionados con el huachicol y otras formas de delincuencia organizada. Sin embargo, todavía está pendiente que las autoridades hagan una revisión profunda de todos los recursos públicos que dilapidaron, el posible asesinato de sus denunciantes, sus vínculos con otras organizaciones criminales, así como de los funcionarios que los protegieron.

En total, existen órdenes de aprensión contra las siguientes 13 personas, además de otra cuyo nombre se desconoce:

1. Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, excomandante de la 12 Zona Naval con sede en Puerto Vallarta, Jalisco.
2. Contralmirante Fernando Farías Laguna, hermano del Vicealmirante Manuel Roberto Farías.
3. Capitán de Navío Climaco Aldape Utrera, adscrito a la Décima Región Naval en Salina Cruz, Oaxaca.
4. Capitán de Navío Humberto Enrique López Arellano, ex director de Supervisión de Aduanas Marítimas.
5. Capitán de Corbeta Miguel Ángel Solano Ruiz.
6. Sergio Varela Morales, ex subdirector de Vigilancia y Control de la Aduana Marítima de Tampico.
7. Carlos de Jesús Estudillo Villalobos, ex subdirector de Operación de la Aduana de Tampico.
8. Fernando Ernesto Magaña Gutiérrez, ex sub administrador de la Aduana de Altamira.
9. Francisco Javier Antonio Martínez, ex gerente de Administración y Finanzas de la ASIPONA en Tampico.
10. Endira Xóchitl Palomo Chávez, ex jefa de departamento de Recintos Fiscales en la Aduana de Tampico.
11. Perla Elizabeth Castro Sánchez, verificadora de mercancías en la aduana de Tampico.
12. Ismael Ricaño Matías, verificador de mercancías en la aduana de Tampico.
13. Anatalia J. Gutiérrez Gutiérrez, verificadora de mercancías en la aduana de Tampico.

Trayectoria profesional

Inició sus estudios en la Escuela Naval Militar en 1992. Desde entonces, subió en la cadena jerárquica de la Marina en varios cargos como oficial, comandante, contraalmirante y vicealmirante. También fue designado como secretario particular del almirante Rafael Ojeda Luján, secretario de la Marina durante el gobierno de López Obrador. Ha recibido las condecoraciones por Perseverancia Mérito especial, la Legión de Honor y el Sable de Mando, entre otras. Su último puesto antes de ser detenido fue como comandante de la Décima Segunda Zona Naval en Puerto Vallarta.

Origen de la información

Publicaciones periodísticas, como el artículo “Los sobrinos consentidos de la Marina”, publicado por Carlos Loret de Mola, así como información oficial compartida por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en conferencia de prensa.