Casino Royale: 15 años de inconsistencias
Publicado: noviembre 4, 2026
Por: np-admin

Por: Iván Beltrán de la Garza y María Fernanda Reynoso Vallarta

Casino Royale: 15 años de inconsistencias

Quince años después del incendio que mató a 52 personas en el Casino Royale de Monterrey, solo dos de los procesados tienen sentencia firme por esas muertes. Ninguno de los cinco mandos que el gobierno señaló como responsables ha sido condenado por el ataque. El 4 de octubre de 2026, dos implicados obtuvieron su boleta de libertad en una causa federal: José Alberto Loera Rodríguez, «El Voltaje», uno de esos mandos, y su colaborador Héctor Javier Montoya Chávez.

La investigación se apoyó en confesiones que varios detenidos denunciaron como obtenidas bajo tortura, atribuyó el ataque a tres autores intelectuales distintos y no ha llevado a juicio a ningún funcionario por negligencia. Raúl Rocha Cantú, dueño del casino, enfrenta hoy una orden de aprehensión federal por delincuencia organizada con fines de tráfico de armas e hidrocarburos.

El incendio

El Casino Royale, en la avenida San Jerónimo 205, operaba en medio de irregularidades. Protección Civil del estado le dio su aval en septiembre de 2007, antes de que el municipio de Monterrey le otorgara licencia de uso de suelo. En 2011, grupos armados asaltaron el casino el 17 de enero y el 25 de mayo. Entre ambas fechas, el 4 de mayo, el municipio lo clausuró por ampliar sus instalaciones sin permiso, pero el magistrado José Alfonso Solís Navarro, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, revocó la clausura.

El 25 de agosto de 2011, poco antes de las dos de la tarde, más de una docena de Zetas se reunieron con uno de sus jefes en el restaurante El Gran Pastor, sobre la avenida Gonzalitos, a unas cuadras del casino. Hacia las tres salieron, cargaron bidones de gasolina en una gasolinera y se dirigieron al Royale en cuatro vehículos. Algunos entraron; otros se quedaron afuera y en calles cercanas como vigilantes.

La investigación de oficio de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (expediente CEDH/242/2011, Recomendación 103/2012) reconstruyó la tarde con testimonios de empleados. Hacia las tres, tres patrullas de la policía de Monterrey llegaron al casino por un reporte de hombres armados en el interior. Un encargado les reclamó que espantaban a los clientes, y los agentes se fueron tras unos diez minutos, alrededor de media hora antes del ataque. Un supervisor declaró que las cámaras no funcionaban. Los comandos llegaron hacia las 15:30 en al menos dos autos, uno de ellos un Mini Cooper amarillo con franjas negras, y obligaron a gritos a los empleados a sacar a la gente antes de prender fuego.

Los atacantes rociaron gasolina en la entrada y en el área de bingo y encendieron el fuego. Las cámaras registraron que todo duró unos dos minutos y medio. Los clientes que alcanzaron la puerta principal salieron; el resto encontró salidas de emergencia cerradas con llave, clausuradas o falsas, y se desató una estampida. En su inspección del 26 de agosto, la Comisión no encontró puertas de emergencia en ninguna parte del edificio. Un empleado declaró que nunca hubo simulacros, capacitación de Protección Civil ni detectores de humo, y que desde meses antes el dueño apostaba por las noches a dos hombres armados en la azotea.

La mayoría de las víctimas murieron por inhalación de monóxido de carbono, y Protección Civil encontró a muchos de los fallecidos del primer piso en un baño para personas con discapacidad. Según el registro de la Comisión, murieron 52 personas: 40 mujeres, 10 hombres y dos que no pudieron identificarse por el estado de los cuerpos. Entre ellas había mujeres embarazadas, y hubo al menos 10 heridos. Unos 80 bomberos y 70 elementos de Protección Civil tardaron horas en sofocar el fuego y usaron retroexcavadoras para abrir huecos en los muros. El segundo piso se desplomó en la madrugada.

Quince años después, las versiones oficiales y periodísticas todavía no coinciden en los datos más elementales. La hora del ataque aparece como 15:15, 15:30, 15:48, 15:50 y 16:00. Las personas que había dentro van de 100 a 400 según la fuente: una empleada habló de 150 y un valet de unas 400. De los atacantes, algunas versiones dicen que entraron ocho y otras que el comando sumaba entre 12 y 18. Las víctimas son 52 en la cifra oficial, aunque algunas notas hablan de 53 o 54, y el colectivo de familias usa la cifra 52+2 por dos bebés no nacidos; las primeras versiones oficiales mencionan una sola mujer embarazada. Incluso la cuota de extorsión que explicaría el móvil cambia según la fuente: 130 mil pesos, 130 mil pesos semanales o 130 mil dólares.

El presidente Felipe Calderón calificó el ataque como un acto de terrorismo y decretó tres días de luto nacional. El 27 de agosto renunció el magistrado Solís Navarro, y la PGR abrió una investigación porque cinco policías de Monterrey no intervinieron durante el ataque. Raúl Rocha Cantú, dueño del casino, salió del país en avión pese a tener una orden de presentación, y las autoridades interrogaron al piloto. El 31 de agosto, la prensa difundió videos de Jonás Larrazabal, hermano del alcalde de Monterrey, recibiendo fajos de dinero en otros casinos. El cobro más reciente documentado era del 19 de agosto, seis días antes del incendio.

Una investigación que cambió de versión

En ocho meses, las autoridades detuvieron a la mayoría de los ejecutores, pero la versión sobre quién ordenó el ataque cambió con cada captura. La procuraduría estatal de Adrián de la Garza, la PGR del subprocurador José Cuitláhuac Salinas, la Policía Federal y la Sedena siguieron líneas paralelas y anunciaron resultados por separado.

El 29 de agosto de 2011, cuatro días después del incendio, el gobernador Rodrigo Medina presentó a los primeros cinco detenidos como confesos: Luis Carlos Carrasco Espinoza, Javier Alonso Martínez Morales, Jonathan Jahir Reyna Gutiérrez, Juan Ángel Leal Flores y Julio Tadeo Berrones Ramírez. Dijo que los habían ubicado por una huella en el Mini Cooper y que declararon que solo querían asustar a los dueños. El vocero Jorge Domene añadió que sus jefes los regañaron por la magnitud del ataque. El gobierno anunció también que los cinco tenían antecedentes por homicidio y secuestro. El 2 de septiembre, la Policía Federal detuvo al policía estatal Miguel Ángel Barraza Escamilla, y para el 20 de septiembre ya había nueve detenidos.

El 7 de septiembre, la PGR ofreció hasta 15 millones de pesos por cada uno de 18 prófugos y señaló al Comandante Mataperros como jefe del grupo atacante, bajo las órdenes del Comandante Quemado. El 14 de septiembre difundió las fotos de cuatro cabecillas: El Quemado, El Mataperros, El Voltaje y El Toruño. El 29 de septiembre cayó El Toruño en Zapopan; el 4 de octubre, El Voltaje, junto con Montoya Chávez y un hombre apodado «El Chore». El 12 de octubre, la Sedena capturó en Saltillo a Carlos Oliva Castillo, «La Rana».

Los primeros detenidos permanecieron arraigados casi dos meses en la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), el edificio que la Comisión Estatal de Derechos Humanos describiría después como el principal centro de tortura del estado. La procuraduría ejerció acción penal en su contra hasta el 24 de octubre de 2011. El 27 de octubre, la Sedena anunció la detención de cuatro personas más, dos de ellas menores de edad, y en noviembre el gobierno presentó a otra banda con cuatro adolescentes de 15 a 17 años que, dijo, trabajaban para El Voltaje. Con la captura de Hugo Iván Santos Doria, «El Monky», ese mismo mes, el gobierno completó diez detenidos.

En 2012 cayeron más mandos. El 5 de enero, la Fuerza Civil detuvo a Baltazar Saucedo, «El Mataperros». El 4 de abril, el Ejército mató a El Quemado cerca de Nuevo Laredo, y ese mismo mes cayó Jesús Rafael Tadeo Bautista, «El Colitas», con dos cómplices.

La investigación quedó en manos de una procuraduría que acumuló, en esos años, más señalamientos por tortura que ninguna otra autoridad del estado. Adrián de la Garza Santos era procurador desde febrero de 2011, y su AEI, brazo operativo de la procuraduría, recibió 74 recomendaciones de la Comisión Estatal por tortura entre 2007 y 2015, según el recuento de Anabel Manzano (CIDE, 2016). Entre 2012 y principios de 2014, la Comisión recibió 293 quejas por tortura y emitió 67 recomendaciones, y Nuevo León no tenía una sola sentencia condenatoria por ese delito. La procuraduría reportó solo 16 quejas y concluyó que en ninguna hubo tortura.

Cuando el relator especial de la ONU sobre la tortura, Juan E. Méndez, visitó México del 21 de abril al 2 de mayo de 2014, le impidieron entrar a la AEI de Nuevo León. Lo lamentó en su informe al Consejo de Derechos Humanos (A/HRC/28/68/Add.3), porque había recibido denuncias de tortura cometida ahí; fue el único lugar de detención de su visita del que deja constancia de una negativa. Era el mismo edificio donde estuvieron arraigados los primeros detenidos del Casino Royale y donde, según la Comisión Estatal, torturaron a El Mataperros.

Mientras tanto, la versión sobre el autor intelectual cambió tres veces. En septiembre de 2011, la PGR presentó como autores intelectuales a El Quemado y a El Mataperros. En octubre, la Sedena atribuyó la orden a La Rana, a quien una semana antes nadie había mencionado; InSight Crime señaló que el gobierno dio poca evidencia de ese papel. En marzo de 2015 detuvieron a Omar Treviño Morales, «El Z-42», y años después la versión oficial lo señaló como el principal responsable. No hay información pública de que alguno de los cuatro haya sido condenado por el incendio.

Los mandos señalados

La jerarquía que presentaron la PGR, la Sedena y la Policía Federal entre septiembre de 2011 y abril de 2012 colocaba en la cima a Miguel Ángel Treviño, «El Z-40», líder de Los Zetas. Debajo estaba La Rana, jefe regional, y luego El Quemado, jefe de la célula. A su mando responden El Mataperros, El Toruño y El Voltaje, y bajo ellos operaban los ejecutores, los choferes y los halcones.

Francisco Medina Mejía, «El Quemado», nació en Nuevo Laredo y empezó en Los Zetas con el trasiego de droga a Estados Unidos. Fue jefe de plaza en Saltillo en 2010 y, desde 2011, responsable de Nuevo León y Nuevo Laredo; se le ubicaba cerca de El Z-40. Debía el apodo a quemaduras por una granada. La Sedena le atribuyó además el asesinato del general retirado Manuel Farfán, jefe de policía de Nuevo Laredo, en febrero de 2011. Murió sin ser juzgado.

Carlos Alberto Oliva Castillo, «La Rana», también registrado como Luis Carlos González Martínez y Nazario Mendoza Velázquez, fue presentado por la Sedena como el número tres de Los Zetas y jefe en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. La PGR dijo que además era contador del cártel, y su hermano Emmanuel ya estaba procesado por delincuencia organizada. El gobierno nunca exhibió evidencia de su papel como autor intelectual. En 2012, la prensa reveló que había pasado a ser testigo protegido. En 2014, la PGR informó por transparencia que ejerció acción penal en su contra por delitos federales, sin decir en qué penal estaba ni desde cuándo. No hay información pública de que lo hayan procesado por el incendio; en Estados Unidos, la fiscalía del Distrito Sur de Texas lo acusó de traficar cocaína a gran escala y, en el último comunicado disponible, su caso seguía pendiente. Ni siquiera el lugar de su captura es claro: la Sedena lo ubicó en Saltillo, y un reportaje de InSight Crime, en San Luis Potosí.

Baltazar Saucedo Estrada, «El Mataperros» o «M-1», figura como segundo al mando de la célula y jefe del grupo atacante. Tenía antecedentes: en 2007 lo detuvieron en Tabasco con documentos falsos y quedó libre bajo fianza. Su caso es el único entre los mandos con tortura acreditada por un organismo de derechos humanos, y el documento está disponible. La resolución de la Comisión Estatal sobre el expediente CEDH-191/2012, fechada el 2 de septiembre de 2013 y registrada como Recomendación 104/2013, concluye que Fuerza Civil lo detuvo arbitrariamente y que agentes de la AEI lo torturaron. El nombre del agraviado está testado; su identificación como Baltazar Saucedo viene del reportaje de Anabel Manzano (CIDE, 2016) y del expediente anexo publicado en Scribd.

Según el expediente, la Fuerza Civil lo detuvo hacia las 14:20 en el estacionamiento de un centro comercial de Monterrey, tras un intento de huida en el que chocó con una camioneta. Lo pusieron a disposición a las 00:10 del día siguiente, más de nueve horas después y sin informarle el motivo de su detención; la Comisión concluyó que hubo detención arbitraria e incomunicación prolongada. Durante su custodia en la AEI, relató el quejoso, lo golpearon, le aplicaron asfixia con bolsas y agua y lo presionaron con pinzas, con fines de investigación criminal. La Comisión concluyó que hubo tortura y tratos crueles, y los atribuyó a la AEI. El certificado médico de la detención sólo registra marcas de esposas, pero tres dictámenes de la PGR del 7, 8 y 9 de enero documentan hematomas, equimosis y laceraciones. El 7 de enero lo entregaron a la PGR en el aeropuerto de Monterrey y lo llevaron a la SIEDO.

El quejoso relató además que los agentes le decían «que tenía que decir que era el ‘mata perros'» y que oyó por radio la frase «Que no se le vaya a morir porque no ha participado en ningún evento». Ambos detalles forman parte de su relato, no de las conclusiones de la Comisión. La Comisión tampoco atribuye la tortura a Fuerza Civil, a la que solo responsabiliza por la detención. El propio expediente contiene una inconsistencia: el relato del quejoso fecha la detención el 4 de febrero de 2012 a las 11:00, mientras que el informe policial y la Comisión la ubican el 5 de enero a las 14:20. La Procuraduría aceptó la recomendación, y Seguridad Pública informó que los agentes ya habían sido suspendidos 45 días en un expediente previo, resuelto el 29 de mayo de 2013. En septiembre de 2015, dos recursos relacionados con la 104/2013 seguían en trámite ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

El estado anunció que El Mataperros había confesado el incendio y los homicidios de mandos policiales; ante las cámaras, él negó los homicidios y denunció la tortura. En julio de 2025, un juez federal de Matamoros lo condenó a 135 años por delincuencia organizada con funciones de dirección, delitos contra la salud y el secuestro de tres víctimas, no por el incendio. La FGR lo registra como «Baltasar Sauceda Estrada», y en julio de 2026 seguía preso en el Altiplano. Parte de la prensa lo identificó además como el Z-9, fundador de Los Zetas, por un episodio en Tabasco en 2007, una acusación que las autoridades nunca le hicieron.

Roberto Carlos López Castro, «El Toruño», también identificado como Jorge Carlos Alberto Alejandro Reyes, «El Toro» o «Tolo», es expolicía municipal de Saltillo, cesado en 2000 por agredir a dos periodistas. Lo procesaron con dos nombres distintos, y al anunciar su captura el vocero estatal tuvo que aclarar públicamente que no se trataba de una persona diferente; la PGR mantuvo la detención en bajo perfil. En 2019, ocho años después, seguía en la etapa de pruebas del proceso estatal por organizar el ataque, y no hay registro público de que lo hayan sentenciado.

José Alberto Loera Rodríguez, «El Voltaje», exluchador conocido como Voltaje Negro y expolicía estatal, fue cesado y encarcelado en 2010 por un narcobloqueo. Según la Policía Federal, vigiló el perímetro del casino, manejaba unos 40 halcones y quedó al frente del comando tras la caída de El Toruño. La propia Policía Federal reconoció que no aparece en los videos del ataque; su papel se sostiene en declaraciones de otros inculpados, varios de los cuales denunciaron haber declarado bajo tortura. Su colaborador, Montoya Chávez, también apodado «La Rana», mantenía y repartía las armas; no es Carlos Oliva Castillo, aunque muchas notas los confunden. En julio de 2025, El Voltaje recibió 15 años por delincuencia organizada en la causa federal 162/2011, no por las 52 muertes. En 2019 seguía procesado en Nuevo León por organizar el ataque, desde el penal federal de Guanajuato, y no se sabe si sigue preso por esa causa.

Los detenidos

Los ejecutores, choferes y halcones son los únicos condenados por el incendio, todos en el fuero estatal (expediente 215/2011-IV-2, hoy causa principal 203/2011 con 14 causas acumuladas). También fueron quienes denunciaron tortura desde el principio, y sus casos concentran la mayor parte de las irregularidades.

El 3 de febrero de 2012, al ampliar su declaración ante el Juez Primero de lo Penal de Monterrey, diez detenidos se declararon inocentes y afirmaron que los agentes de la AEI que los aprehendieron los torturaron para que reconocieran su culpa. Todos dijeron que a la hora del ataque estaban haciendo otras cosas. Eran Luis Carlos Carrasco Espinoza, «El Chihuas», y Juan Ángel Leal Flores, «El Casillas», los únicos con abogado particular, y José Alfredo Grimaldo Rodríguez, «El Tejón»; Gerardo Alejandro de León Jiménez, «El Papas»; Tomás Barbosa Sánchez, «El Tommy»; Jonathan Jahir Reyna Gutiérrez, «El Johnny»; Javier Alonso Martínez Morales, «El Cabezón»; Julio Tadeo Berrones Ramírez, «El Julio Rayas»; Jonathan Emmanuel Estrada Pérez, «El Tita», y Antonio Camacho Jaco, «El Bogar», con defensores de oficio. La nota que recogió la denuncia escribió dos de esos apellidos de otra forma, Grimaldo Ramírez y Martínez Mireles, una variación que se repite en otros documentos del caso.

La denuncia de tortura no frenó las primeras condenas. En abril de 2012 les notificaron la formal prisión por homicidio calificado y agrupación delictuosa, y la procuraduría sostuvo que entre todos compraron más de 200 litros de gasolina. El 14 de diciembre de 2012, el mismo juez sentenció a Berrones Ramírez a 100 años, por estar en libertad condicional cuando ocurrió el ataque, y a Leal Flores, Carrasco Espinoza, Reyna Gutiérrez, Estrada Pérez, Grimaldo Rodríguez y Barbosa Sánchez a 75 años cada uno. El Tribunal Superior confirmó las siete penas el 30 de octubre de 2014. Aun así, Grimaldo Rodríguez y Barbosa Sánchez volvieron a ser sentenciados a 75 años en diciembre de 2018, junto con El Gato, después de que amparos obligaron a reponer el proceso, según Proceso.

Martínez Morales recibió 127 años en noviembre de 2013, y en agosto de 2024 un juez federal le sumó 60 años por secuestro. Carrasco Espinoza recibió además 15 años federales en julio de 2025. La situación de De León Jiménez y Camacho Jaco es contradictoria: ABC Noticias los incluyó en 2018 entre los sentenciados de 2012, pero ninguno aparece en la lista de Proceso de diciembre de 2012 y, en agosto de 2017, la lista oficial publicada por El Universal los registraba como procesados sin sentencia. La ley de Nuevo León limita a 60 años la pena real, contada desde octubre de 2011.

El 25 de agosto de 2021, a diez años del ataque, Carrasco Espinoza y Camacho Jaco dieron una entrevista a EL NORTE y sostuvieron su inocencia («No les puedo pedir perdón», de Mario Álvarez, y el video «Tras masacre, alegan inocencia», de Grupo Reforma). Sus expedientes públicos tienen huecos distintos. El gobierno presentó a Carrasco, detenido en agosto de 2011 por la procuraduría estatal, como ejecutor confesó y luego como jefe de célula, y tres detenidos de septiembre de 2011 dijeron trabajar para él. Su caso tiene una tensión propia: pese a ese papel de jefe, la FGR solo lo condenó por delincuencia organizada, con la pena más baja de esa resolución, y su pena federal, contada desde 2011, se habría cumplido como la de El Voltaje. Su situación actual es desconocida. A Camacho Jaco lo detuvo el Ejército el 21 de octubre de 2011 en la colonia San Bernabé de Monterrey, junto con Gerardo de León. El gobierno lo presentó como gatillero y subordinado de El Voltaje, y también como ladrón de autos, y la Sedena anunció su confesión al presentarlo en la Policía Ministerial. No se localizó ninguna condena estatal confirmada en su caso, ni queja ante organismos de derechos humanos de ninguno de los dos.

El resto de los casos tiene huecos mayores. De El Monky, señalado como halcón, no hay información pública posterior a su detención. El Colitas aparece con tres nombres: Tadeo, Gómez y Torres Bautista. En 2014 su sentencia seguía pendiente y estaba preso en Matamoros, igual que Saúl Becerra Reyes y Américo Orlando Soto Torres (también registrado como Soto Reyes). En julio de 2022, El Colitas se suicidó en su celda del penal de Durango, según La Opinión, y es probablemente uno de los dos procesos que el colectivo de familias da por concluidos por muerte. Jesús Alejandro García González, «El Gato», estuvo prófugo hasta abril de 2016 y lo condenaron en 2018 con base en huellas halladas en la camioneta del ataque, pero su pena se reporta como 75 años en una fuente y 218 en otra. El exmilitar Luis Adán Gómez Vázquez, «Comandante Pelón» o «El Gordo», detenido el 18 de septiembre de 2011 y jefe de plaza en Santa Catarina, recibió 32 años federales en agosto de 2023 por delincuencia organizada, cocaína y portación de arma, no por el incendio.

Hay también implicados que el gobierno presentó y que desaparecieron del expediente público. De los al menos seis menores de edad que anunció en octubre y noviembre de 2011, no informó después de sus procesos. El gobierno estatal llegó a decir además que un trabajador del municipio de Monterrey, identificado como José Rodríguez, roció gasolina dentro del casino; su nombre no vuelve a aparecer en ninguna lista de procesados o sentenciados.

Miguel Ángel Barraza Escamilla llevaba nueve años en Seguridad Pública del estado cuando la Policía Federal lo detuvo, señalado como halcón y chofer de un Bora blanco usado en el ataque. La SSP federal afirmó que colaboraba con Los Zetas desde 2006, y su información sirvió para reconstruir la cúpula de la célula. Días después de su detención asesinaron a su padre, a su medio hermano y a su madrina. En 2022, la Fiscalía informó que no está procesado por homicidio sino por delitos contra instituciones oficiales y contra la administración de justicia, y no hay registro de sentencia.

La única queja por tortura con resolución pública en todo el caso es la de El Mataperros. No se localizó ninguna recomendación de la Comisión Estatal ni de la CNDH sobre la tortura de los detenidos de bajo rango. Según Sergio Méndez, de la segunda visitaduría, la Comisión Estatal empezó a documentar sistemáticamente la tortura en julio de 2012, casi un año después de esas detenciones. Visitadores de la CNDH estuvieron en la AEI el 27 de agosto de 2011, pero solo registraron a los testigos.

Las denuncias de tortura se tramitaron en los juzgados, y ahí sí tuvieron efecto. En 2018, cuatro causas fueron suspendidas por esos reclamos y tres detenidos habían obtenido amparos para reponer su proceso. En 2021, el Tribunal Superior informó que, de 25 inculpados, diez tenían la sentencia suspendida y seis seguían en instrucción, la mayoría en penales federales. Para 2026, el colectivo de familias contaba seis procesos repuestos y once sentencias apeladas, y UnoTV reportó que al menos cuatro implicados han salido en años recientes por amparos que alegaron tortura y dilación en su puesta a disposición, sin que las autoridades publiquen sus nombres.

Ni siquiera el número de detenidos se ha reconciliado. La Fiscalía habló de 18 detenidos en 2018 y en 2022; el Tribunal Superior, de 25 inculpados en 2021; la Sedena contaba 17 en octubre de 2011, y la PGR mencionó en distintos momentos 18 prófugos y 32 sospechosos. La lista oficial de 25 procesados publicada en agosto de 2017 incluye siete nombres que no aparecen en ningún otro recuento público: los sentenciados Clemente Perales Contreras, Alan Pérez Gámez, Héctor Piñones Mendoza y Carlos Eduardo Rodríguez Vázquez, y los procesados Miguel Ángel Ramos Cabrera, Rubén Cruz Hernández y Josué Mejía Garza. En 2022 se reconoció que solo la mitad de los probables responsables fue detenida, y que uno de los sentenciados murió en mayo de 2016 y otro poco antes de septiembre de 2022, según Proceso; no se pudo confirmar que la primera muerte ocurriera en un motín del Topo Chico.

El dueño, los funcionarios y el hermano del procurador

Raúl Rocha Cantú es dueño de al menos seis casinos en Monterrey además del Royale. Un juez federal giró una orden de aprehensión en su contra por violar la Ley Federal de Juegos, y su familia se amparó. Al final, la investigación estatal lo exonera de responsabilidad penal.

Catorce años después volvió a los tribunales por otra vía. En 2024 compró la mitad del certamen Miss Universo. El 21 de octubre de 2025 se presentó ante la FGR para pedir ser testigo; el 15 de noviembre, un juez libró una orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada con fines de tráfico de armas e hidrocarburos (causa 495/2025), y el 19 de noviembre la FGR formalizó su acuerdo como testigo colaborador. Según la FGR, su red introducía combustible desde Guatemala y suministraba armas al Cártel del Golfo y al Grupo Sombra de Veracruz. El 15 de diciembre de 2025, un juez de Querétaro emitió una nueva orden, y en ese momento la prensa lo describe como prófugo.

El permiso del casino estaba a nombre de Atracciones y Emociones Vallarta, en cuyo consejo había familiares del exalcalde Adalberto Madero. Tras el incendio, el alcalde Fernando Larrazabal y la presidenta del Tribunal se culparon mutuamente. Las autoridades detuvieron a Madero el 9 de octubre de 2011 y la prensa internacional lo ligó a los permisos del casino; no se encontró información pública sobre los cargos formales ni el desenlace.

Jonás Larrazabal, el hermano del alcalde, apareció en los videos recibiendo dinero en el Casino Red. Lo arrestaron y lo procesaron por chantaje, pero salió libre el 14 de noviembre de 2011, tras 72 días preso, cuando el apoderado del casino le otorgó el perdón. La PGR descartó que el caso estuviera ligado al Royale. La «Comisión de la Verdad» que creó el Congreso local en octubre de 2011 terminó en iniciativas de ley, no en sanciones, y el titular de Protección Civil estatal, Jorge Camacho, fue exonerado. En 2018, la Fiscalía dijo investigar por negligencia a exfuncionarios de Protección Civil estatal y municipal, sin dar nombres; en 2022 ninguno había sido llamado a cuentas. Tampoco se sabe qué resultó de la investigación de la PGR sobre los policías de Monterrey que acudieron al casino media hora antes del ataque y se retiraron.

Las recomendaciones oficiales sobre los hechos de agosto de 2011 tampoco derivan en consecuencias. La 103/2012 de la Comisión Estatal se ocupó de la negligencia de Protección Civil, la procuraduría y el municipio y, según Proceso, no produjo sanciones porque las dependencias se investigaron a sí mismas. La Recomendación 66/2012 de la CNDH, del 29 de noviembre de 2012 (expediente CNDH/1/2011/7340/Q), acreditó omisiones de control e inspección de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría del Trabajo, el gobierno estatal y el municipio, y solo registra que la procuraduría ejerció acción penal contra 15 y luego 3 personas.

Mientras la procuraduría investigaba los casinos de Monterrey, el hermano del procurador los representaba. En septiembre de 2011, tres semanas después del incendio, Reporte Índigo reveló que el despacho De la Garza Santos Abogados, de Filiberto de la Garza Santos, hermano de Adrián de la Garza e hijo del ex procurador Filiberto de la Garza de la Garza (1977-1979), recibía en sus oficinas de San Pedro las notificaciones del Casino Red. Gerardo Israel Gómez Méndez, abogado del despacho, era representante del Red, y otros cuatro abogados de esa oficina representaban al casino Winland y a su operadora, Look Publicidad.

El Casino Red, en el sector San Jerónimo, es donde grabaron a Jonás Larrazabal recibiendo dinero. Al mismo tiempo, la procuraduría de Adrián de la Garza giraba una orden de presentación contra su dueño, Sergio Jacinto Gil García, a quien el gobierno llegó a buscar con Interpol. El caso terminó cuando el apoderado del casino otorgó el perdón a Larrazabal; ninguna fuente identifica a ese apoderado como abogado del despacho de Filiberto.

No se encontró ningún vínculo documentado entre Filiberto de la Garza y Raúl Rocha Cantú o el Casino Royale. En 2011, los dueños del Royale tuvieron como abogado a Juan Gómez Jaime, y la sociedad del casino involucra a CYMSA, de Rocha, además de la empresa de la familia Madero. Lo que sí está documentado es el patrón: el despacho de Filiberto defendió después a los casinos Miravalle, Hollywood y Folliati, y cuando Adrián de la Garza fue alcalde de Monterrey, su rival Felipe de Jesús Cantú lo acusó de clonar permisos de uso de suelo para abrir casinos, entre ellos el Folliati (El Heraldo de México, 2020).

Quince años después

Según Samara Pérez Muñiz, vocera de las familias, de los 25 procesados en el fuero estatal solo uno tiene sentencia firme en la causa principal y otro en una causa acumulada. Cuatro siguen en instrucción, seis tienen reposición del procedimiento, once tienen sentencias apeladas y dos procesos terminaron por la muerte del acusado. El 17 de agosto de 2026 hubo una nueva sentencia, pero las autoridades no informaron a las familias a quién ni a cuánto. Las familias presentaron en el Congreso de Nuevo León una iniciativa para que el Poder Judicial y la Fiscalía concilien su información y expliquen a cada familia el estado de su caso. También se ampararon (amparo 1286/2025, Juzgado Tercero Administrativo) contra la intención de la CNDH de dar por concluida administrativamente su Recomendación 66/2012; según Infobae, el asunto está en revisión ante un tribunal colegiado.

El 8 de octubre de 2026, la mayoría de los medios informó que El Voltaje y Montoya Chávez obtuvieron su boleta de libertad el 4 de octubre, tras cumplir 15 años en la causa federal 162/2011. La libertad se concedió «bajo protesta» y «única y exclusivamente» por esa causa, con efectos desde los últimos minutos del 4 de octubre. ABC Noticias la atribuye a que cumplieron la pena; MVS aclara que el fallo no los exonera y que siguen vinculados al expediente mientras continúa la apelación. El Tribunal Colegiado de Apelación pidió al juzgado informar si salieron del penal o siguen presos por otras causas, como el proceso estatal por el incendio; según La Silla Rota, la orden de libertad no confirma por sí sola su salida.

La cobertura de ese mismo día fue contradictoria. UnoTV publicó que quienes salieron fueron El Mataperros y Jesús Alejandro Leal, alias “Voltaje», por amparos que anularon sus órdenes de aprehensión y autos de formal prisión. Ese nombre no corresponde a El Voltaje, y El Mataperros seguía preso en el Altiplano en julio de 2026, según las fuentes citadas. Los argumentos que UnoTV atribuye a su defensa, tortura y dilación en la puesta a disposición, son exactamente las dos violaciones que la Comisión Estatal acreditó en la 104/2013. Eso hace plausible que un amparo haya anulado su orden de aprehensión o su formal prisión en la causa estatal del incendio, pero no implica que haya salido: la condena federal de 135 años lo mantendría preso. MVS, por su parte, atribuyó esa condena a Juan Norberto Estrada Valdez, que en realidad recibió 15 años en la misma resolución. Y varias notas llamaron «La Rana» a Montoya Chávez sin aclarar que no es Carlos Oliva Castillo, el mando que la Sedena señaló en 2011.

La confusión pública sobre quién sigue preso, quince años después, reproduce el problema de origen: un macroproceso dividido entre fueros, causas y versiones oficiales que nunca se reconciliaron.

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