Relación con el crimen organizado

Juan Pablo Penilla Rodríguez: El narco operador disfrazado de abogado

El 14 de abril de 2026, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), sancionó a tres personas y un casino ligados al Cártel del Noreste (CDN). Las autoridades congelaron las cuentas y propiedades en territorio estadounidense de Juan Pablo Penilla Rodríguez, abogado del “Z40”, Miguel Ángel Treviño Morales, líder de los Zetas. El  Departamento del Tesoro señaló  a Penilla por fungir como un operador del Cártel del Noreste.  Según la acusación, Penilla  actuó como intermediario para que «El Z-40» mantuviera su liderazgo en el Cártel del Noreste (creado tras la detención de varios líderes de Los Zetas) y dirigiera a la organización criminal durante más de una década desde prisión, tras el arresto del capo en México en 2013 y antes de que el gobierno lo mexicano lo “expulsara” a Estados Unidos en 2025. 

Actualmente, el Z40  enfrenta cargos en Estados Unidos por homicidio, narcotráfico, uso ilegal de armas y lavado de dinero. El periodista Arturo Ángel reveló que el Z40 también es acusado de la “ejecución de decenas de personas”, en las masacres de Piedras Negras y Allende, Coahuila, donde Los Zetas asesinaron y desaparecieron a más de 300 personas. 

Según la agencia norteamericana, perfiles como Penilla trabajan para ganar la confianza ciudadana mientras ayudan a reforzar el control del cártel sobre Nuevo Laredo, Tamaulipas, y la región fronteriza circundante. 

La masacre de Allende: El rastro de sangre protegido por Penilla

Un extenso reportaje de ProPublica exhibió la magnitud del terror que Juan Pablo Penilla protegió desde su despacho legal. La investigación reveló cómo Miguel Ángel Treviño Morales, «El Z-40», orquestó la masacre de Allende en marzo de 2011. El baño de sangre comenzó después de que la Administración de Control de Drogas (DEA) filtró accidentalmente información de inteligencia al cártel. Como represalia por una supuesta traición, sicarios de Los Zetas tomaron el control de Allende, Coahuila, y del municipio fronterizo de Piedras Negras.

Durante el asalto, el brazo armado del Z-40 demolió viviendas y secuestró a decenas de hombres, mujeres y niños. Los criminales trasladaron a las víctimas a propiedades aledañas, como el rancho de la familia Garza. En ese lugar, los sicarios ejecutaron a los secuestrados, los amontonaron en bodegas de pastura, los rociaron con combustible y los incineraron durante horas para desaparecer la evidencia.

La complicidad gubernamental agravó la matanza. Los habitantes de la región realizaron casi 1,400 llamadas de emergencia durante los primeros días de la masacre, pero las autoridades locales y estatales ignoraron las súplicas debido a la infiltración del cártel en las estructuras gubernamentales. Aunque las cifras oficiales del gobierno calcularon 28 muertes en un inicio, los reportes independientes y colectivos de familiares confirman que el número real de desaparecidos y asesinados asciende a cerca de 300 víctimas. Al fungir como intermediario y operador legal del Z-40, Penilla facilitó que el responsable directo de esta masacre mantuviera su liderazgo y dirigiera a la organización en total impunidad durante más de una década.

El despacho del crimen organizado y «El Mayo» Zambada

Además de defender al Z40, Penilla ha representado legalmente a otros integrantes del crimen organizado a través del despacho RP Abogados. Nicole M. Argentieri, fiscal adjunta del Departamento de Justicia norteamericano, informó que esta firma representa a capos del Cártel de Sinaloa y del Cártel del Noreste, ambas designadas como organizaciones terroristas por EEUU el 20 de febrero de 2025, el Departamento de Estado de Estados Unidos designó al CDN como una organización terrorista extranjera.

Los integrantes del despacho reconocen abiertamente sus funciones. En un video que publicó el medio Código Magenta, Sergio Arturo Ramírez, socio de Penilla, argumentó: “nosotros no tenemos ningún temor, no tenemos ninguna incertidumbre de manifestar que somos abogados del crimen organizado en el país. ¿Defendemos narcotraficantes?, sí, ¿defendemos el crimen organizado? sí”.

En este escenario, Ismael «El Mayo» Zambada García, narcotraficante y cabecilla del Cártel de Sinaloa, integró a Juan Pablo Penilla Rodríguez y a Juan Manuel Delgado González —también exdefensor del Z-40— a su equipo de asesores jurídicos en febrero de 2025. El capo buscaba su repatriación a México para evitar una condena de muerte en Estados Unidos, por lo que envió una misiva al Consulado General de México en Nueva York para oficializar a su brazo jurídico: «Me permito realizar la solicitud de asistencia y defensa consular a mi favor, designando como mis asesores jurídicos, en primer término, a mi defensor particular y único abogado FRANK PEREZ, así también, para lo que hace al trámite de la solicitud en Territorio Nacional, como mis asesores jurídicos a los C. Licenciados en Derecho, JUAN PABLO PENILLA RODRIGUEZ y JUAN MANUEL DELGADO GONZALEZ».

A la par, la Fiscalía General de la República (FGR) investiga al socio de Penilla por supuestos movimientos ilícitos vinculados a Roberto Moyado Esparza, alias «El Betito», líder de La Unión Tepito y cliente del despacho. Ramírez Muñoz presentó una demanda de amparo para evitar cualquier orden de aprehensión y cateo en su contra, logrando que un juez suspenda provisionalmente la imputación.

La infiltración en la 4T y la red paramilitar

Las conexiones del despacho alcanzaron las altas esferas del gobierno federal. En 2019, los socios de RP Abogados ingresaron a las oficinas de Bucareli y sostuvieron una reunión con Olga Sánchez Cordero, entonces secretaria de Gobernación, y el exsubsecretario Ricardo Peralta Saucedo. Los abogados promovieron un modelo de justicia transicional que proponía firmar pactos judiciales con los cárteles y con grupos paramilitares para supuestamente iniciar un proceso de paz.

Esta iniciativa se convirtió en la agenda prioritaria de Ricardo Peralta y funcionó como una pantalla legal que le permitió unirse con grupos de autodefensa en Michoacán y Tamaulipas para gestar un grupo paramilitar de movilización electoral patrocinado desde Bucareli. Ramírez y Penilla encontraron su acceso a la 4T a través de este funcionario. 

Posteriormente, el gobierno destituyó a Peralta de la Administración General de Aduanas tras diversas acusaciones de corrupción. Las denuncias indican que el exsubsecretario designó como administrador de la aduana de Reynosa a Julio Carmona, hermano de Sergio Carmona, a quien las autoridades identifican como «El Rey del Huachicol» y señalan por financiar campañas políticas de Morena por 500 millones de pesos en 2021.

A pesar de los comunicados de deslinde de Morena, de Luisa María Alcalde y del gobierno tamaulipeco de Américo Villarreal, diversas fotografías captaron a Penilla en eventos oficiales junto a altos funcionarios de la 4T. Las imágenes ubican al abogado en actos públicos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, codeándose con la presidenta Claudia Sheinbaum y con el actual secretario de Educación, Mario Delgado.

Adicionalmente, medios de comunicación como Infobae y Código Magenta publicaron un documento que el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, firmó para designar a Penilla como asesor honorario en 2023. El propio comunicado de deslinde del gobierno estatal probó que la administración mantuvo al abogado como asesor de Villarreal durante al menos un año, ya que las autoridades le revocaron el cargo hasta 2024.

La red de abogados del narco y la infiltración en el Poder Judicial

Las investigaciones documentaron otra ramificación de esta estructura legal: la alianza entre Juan Pablo Penilla y Fernando Escamilla Villarreal, un abogado que compitió para convertirse en juez penal federal en Nuevo León. Un video recuperado expuso a Escamilla en una conferencia de prensa donde detalla sus estrategias legales para evitar la extradición de líderes criminales. En el evento, Escamilla comparte el estrado precisamente con Penilla y Juan Manuel Delgado, los actuales asesores de Ismael «El Mayo» Zambada.

A través de esta red, Escamilla asumió la defensa de dos de los capos más violentos del país. Primero, representó a Eleazar Medina Rojas, alias «El Chelelo», a quien la entonces Procuraduría General de la República (PGR) identificaba como el principal homicida y secuestrador del Cártel del Golfo y su brazo armado, Los Zetas. Durante la captura de «El Chelelo» —a quien México finalmente extraditó a Estados Unidos en 2023—, los agentes le incautaron 170 mil dólares en efectivo, autos de lujo, armamento bañado en oro y joyas valuadas en más de un millón de pesos. Asimismo, Escamilla lideró la defensa del propio Miguel Ángel Treviño Morales, el «Z40». Las autoridades mexicanas arrestaron al fundador de Los Zetas en posesión de ocho armas de alto calibre, 500 cartuchos y dos millones de dólares en efectivo, antes de que el gobierno lo entregara a Estados Unidos.

A la par de defender al crimen organizado, Escamilla enfrenta su propio historial delictivo. En 2016, tribunales de primera y segunda instancia dictaron sentencias de prisión contra el abogado por el delito de portación de arma de fuego sin licencia. Escamilla logró revertir estas condenas únicamente al interponer un amparo donde demostró irregularidades durante su detención.

A pesar de este prontuario criminal, del evidente conflicto de interés y de su alianza con operadores de los cárteles como Juan Pablo Penilla, el Comité de Evaluación de Arturo Zaldívar determinó que Escamilla cumplío con el perfil de candidato «idóneo» para juzgar casos penales. Con este aval oficial, el abogado de Los Zetas aseguró su lugar en la boleta electoral para buscar un periodo de seis años en la judicatura federal con posibilidad de reelección.

Galardones institucionales

Mientras las agencias estadounidenses investigaban su operación a favor de los cárteles, los legisladores mexicanos premiaban al abogado. El 26 de julio de 2023, la Cámara de Diputados premió a Penilla en el marco de la XXIII Entrega del Galardón Mujeres Destacadas y el Premio Nacional de la Excelencia Profesional. Las autoridades le otorgaron el galardón de “Embajador Internacional por la Paz”, avalado por la Organización de los Estados Americanos (OEA), con la finalidad de reconocer su compromiso en favor de la justicia. Para coronar esta trayectoria, el Senado de la República le entregó el Premio Patria en noviembre de 2024.

Origen de la información

Comunicado e informe de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, reportaje de ProPublica, investigaciones periodísticas de Código Magenta, Infobae, El Universal y Milenio, carta de solicitud de asistencia consular de Ismael “El Mayo” Zambada y registros del Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas.