Relación con el crimen organizado

El procurador de Los Zetas

En 2003, Adrián de la Garza inició su carrera en la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León (PGJNL). Su padre, Filiberto de la Garza, también fue procurador del estado durante la Guerra Sucia, una época en la que el Estado mexicano desapareció a decenas de líderes de la oposición. Adrián inició en la PGJNL como secretario particular del procurador Luis Carlos Treviño Berchelmann (2003-2009) y, en los siguientes años, ascendió hasta convertirse en procurador (2011-2015). Desde ahí, construyó una red de funcionarios leales a su figura con los cuales mantiene un control significativo sobre las instituciones de seguridad y justicia en Nuevo León.

El 7 de julio de 2009, tras un enfrentamiento con Los Zetas, el Ejército recuperó un cuaderno que registraba los montos de los sobornos que el cártel solía pagar a funcionarios de seguridad en Nuevo León. Esta libreta y otros documentos fueron enviados por el General Brigadier Antonio García Escalante a la PGJNL para que investigara la colusión entre los funcionarios estatales y el grupo criminal.

La narconómina recuperada por el Ejército mencionaba como “asalariados” de Los Zetas al entonces Procurador General, Luis Carlos Treviño Berchelmann; Adrián de la Garza, entonces director general de Averiguaciones Previas; y Guadalupe Eduardo Sánchez Quiroz, director de Antisecuestros. Sin embargo, los funcionarios mencionados encargados de realizar la investigación eran los mismos que se encontraban señalados en la nómina de Los Zetas. Además de protegerse, los tres se mantuvieron unidos y ahora controlan la seguridad de Monterrey: Adrián de la Garza es el presidente municipal, Luis Carlos Treviño es su síndico segundo y Eduardo Sánchez Quiroz es su secretario de Seguridad. 

Los documentos recuperados por el Ejército mexicano coinciden con informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal española, publicados por El País en 2016. En marzo de ese año, la Policía de España detuvo a Juan Manuel “El Mono” Muñoz Luévano, uno de los principales operadores financieros de Los Zetas, encargado de lavar decenas de millones de euros provenientes del tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa. 

En su investigacion, las autoridades españolas intervinieron numerosas llamadas del Mono Muñoz y concluyeron que “A lo largo del periodo de intervención telefónica se ha puesto de manifiesto la proximidad de Juan Manuel Muñoz a la política y a la administración de Justicia mexicana (…) En relación con la administración de justicia se pone de manifiesto la relación de este (Muñoz) con procuradores y ex procuradores como Homero Ramos (procurador de Coahuila), Adrián de la Garza (procurador de Nuevo León) o Torres Charles (ex procurador de Coahuila)”. Sin embargo, de la Garza negó las acusaciones y amenazó con demandar a El País en caso de ser necesario.

La tortura sistemática para fabricar zetas y golfos

Durante el periodo de Adrián de la Garza como procurador de Nuevo León (2011-2015), la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL) documentó prácticas de tortura sistemática para fabricar culpables en la guerra entre Los Zetas y el Cártel del Golfo. Las recomendaciones de la CEDHNL, a las cuales Narcopolíticos tuvo acceso, muestran un patrón recurrente: los agentes de la Procuraduría sembraban drogas o armas para detener a sus víctimas y trasladarlas a la Agencia Estatal de Investigaciones y otros edificios de la PGJNL. Después, las sometían a golpes, asfixia húmeda y seca, toques eléctricos, desmembramientos y tortura sexual, para obligarlas a confesar su culpabilidad y su pertenencia a alguno de los dos cárteles en disputa. 

En su informe de 2014, el Relator Especial sobre tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de las Naciones Unidas (ONU), Juan E. Méndez, visitó México y lamentó que «no se le permitió el acceso a la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía de Nuevo León, especialmente dado que recibió numerosas quejas de que allí había ocurrido tortura«. El informe de la ONU muestra que Adrián de la Garza fue el único procurador en México que impidió al Relator Especial realizar sus investigaciones.

En 2024, una de las víctimas rompió el silencio y expuso su caso ante los medios de comunicación. Daniel Abdón Torres, expolicía de la PGJNL, fue torturado para forzarlo a confesar sus supuestos vínculos con Los Zetas, según la recomendación CEDH-305/2014 emitida por la CEDHNL. En ese caso, como en cientos más, la Comisión ordenó al procurador Adrián de la Garza reparar el daño e investigar a los responsables de tortura. Además, la inocencia de Daniel Abdón fue reconocida en el juicio contencioso administrativo 214/2014, donde se ordenó a la Procuraduría y a otras autoridades indemnizarlo por más de 2 millones de pesos. 

Sin embargo, los torturadores fueron protegidos y continuaron como operadores de de la Garza. Por ejemplo, Alexandro González Cantú, mencionado como uno de los ordenadores de tortura en la recomendación de derechos humanos que se acompaña más abajo, fue una pieza clave en las primeras dos administraciones de Adrián en el Municipio de Monterrey, con el cargo de director administrativo del Ayuntamiento. 

Las represalias contra Vanguardia

Vanguardia es uno de los principales periódicos que han documentado la relación entre Los Zetas y el priismo de Nuevo León y Coahuila. Este fue el periódico que, en 2021, publicó la narconómina de Los Zetas que incluía a Adrían de la Garza y varios de sus subordinados. 

En 2025, el director de Vanguardia, Armando Castilla Galindo, fue detenido en lo que denuncia como la “fabricación de un caso penal, a través de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León” (FGJNL). El periódico ha denunciado que, detrás de la construcción del caso, se encuentra el despacho de Filiberto de la Garza, hermano de Adrián de la Garza, en colusión con la FGJNL.

La empresa fantasma del Cártel de Sinaloa y la casa de bolsa de las organizaciones criminales

Una de las empresas fantasma que de la Garza ha contratado desde el Municipio de Monterrey es Prestadora de Servicios Murata, S.A. de C.V., una empresa que forma parte de la red de lavado de dinero del Cártel de Sinaloa, según ha publicado El País. Murata fue constituida por Nino Paolo Ferrari Pacheco, hijo de Mario Nino Ferrari Gleason, detenido por la Fiscalía General de la República (FGR) y acusado de utilizar a meseras como prestanombres para crear decenas de empresas fantasma en México para lavar dinero para el Cártel de Sinaloa. 

Según la FGR, Mario Nino se encontraba bajo el mando de Manuel Rodolfo Trillo Hernández, «La Trilladora», identificado como el cerebro financiero del Cártel de Sinaloa que lavó al menos 6,100 millones.

En total, Murata recibió 117,830,124 pesos de distintos funcionarios públicos, casi todos miembros del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el partido de Adrián de la Garza. Posteriormente, Murata transfirió 104,821,117 pesos a Vector Casa de Bolsa, una institución financiera mexicana sancionada por el Departamento del Tesoro de EE.UU. a través de su red de inteligencia financiera (FinCEN), emitió varias sanciones por ser «una preocupación principal de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides» para el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo. 

Entre 2017 y 2018, Murata fue contratada por el municipio de Monterrey para realizar talleres sobre  “accidentes automovilísticos” y “proyectos de equidad de género” que fomentarían la prevención del delito, entre otros talleres y capacitaciones. Además,Murata designó como representante legal de Murata ante el Municipio de Monterrey a Martín Adrián Medina López, quien ha sido empleado de Karina Barrón, actual secretaria de Igualdad Sustantiva en la administración de de la Garza en Monterrey.

Trayectoria profesional

Adrián de la Garza Santos es hijo de Filiberto de la Garza de la Garza, quienes e desempeñó como procurador de Nuevo León durante la Guerra Sucia, un periodo donde el Estado mexicano desapareció a decenas de activistas y opositores. Adrián inició su carrera en la PJGNL como secretario particular del entonces procurador General Luis Carlos Treviño Berchelmann (2003-2007), también señalado en la nómina de Los Zetas, quien ahora es síndico segundo en el gobierno de Adrián.

Posteriormente, ocupó los cargos de director general de la Dirección de Averiguaciones Previas de la PGJNL (2007-2010) ydirector general de la Agencia Estatal de Investigaciones (2010-2011), hasta convertirse en Procurador General de Justicia del Estado de Nuevo León durante el periodo más sangriento de la guerra entre Los Zetas y el Cártel del Golfo (2011-2015).

Se ha desempeñado tres veces como presidente municipal de Monterrey  2015-2018, 2019-2021 y 2024-2027). En 2021, compitió para gobernador de Nuevo León, pero perdió frente a Samuel García (MC). Actualmente, es el precandidato favorito del PRI para competir por el mismo puesto.

Origen de la información

Documentos del Ejército publicados por Vanguardia, informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal publicados por El País, contratos públicos entregados por el municipio de Monterrey, 240 recomendaciones de derechos humanos emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León e informe publicado por la Relatoría Especial de la ONU sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.